Quince pueblos de la sierra de Coyuca de Catalán y Zirándaro denunciaron que han sufrido el asedio de por lo menos cinco grupos delictivos desde hace algunos meses y que incluso algunos delincuentes se han mezclado entre los pobladores.
Se trata de las comunidades de Vallecito de Zaragoza, El Bálsamo, Cundán, Cundancito, Real de Guadalupe, El Limoncito, El Aguacatal, Ejido de Zihuaquio, El Ídolo, El Zapate, Las Vaquitas, Las Vacas, El Toro y Ojitos de Agua.
En la década de los 90’s, esas localidades dejaron la siembra de amapola; en cambio adoptaron la producción de mezcal, la ganadería y la agricultura como motor económico.
Zihuaquio es un ejido en el que habitan cerca de 2 mil 500 personas; hace 20 años dejaron la siembra de amapola y adoptaron la producción de mezcal.
Cada año se producen en Zihuaquio 390 mil litros de mezcal, con un costo de 180 pesos por litro a granel. Ya envasado, se vende en 550 pesos por botella de 750 mililitros, por lo que resulta en una actividad altamente redituable.
Tras dejar la amapola, el Ejército dejó de realizar fumigaciones aéreas sobre el ejido.
De esa manera, Zihuaquio logró un incremento importante en la producción de maíz, de unas mil 200 toneladas por año, cantidad suficiente para garantizar el autoconsumo de los habitantes.
También la actividad ganadera reporta cifras positivas tras el abandono de la amapola.
Sin embargo, los grupos criminales se percataron del florecimiento de la economía en la zona. A partir de ahí impusieron el cobro de cuotas y extorsión.
Habitantes de San Rafael, localidad perteneciente al municipio de Zirándaro, denunciaron que la delincuencia organizada les impuso una cuota de 150 pesos por cada vaca o buey.
También informaron que cada Coca Cola tiene un costo de 50 pesos por envase de 2.5 litros y que ya no pueden cocinar con leña, porque los delincuentes los obligan a utilizar estufas de gas, para que compren el combustible a un solo proveedor que ellos mismos impusieron.
De acuerdo con la revisión hecha por las autoridades, en la confrontación que se recrudeció a partir del mes de julio, se han visto afectados pueblos como Ojo de Agua, El Aguacate, Vaquitas, El Mono, La Palma, el Ídolo y Zihuaquio, en el caso de Coyuca de Catalán.
Del lado de Zirándaro, la violencia generó el desplazamiento de familias en las comunidades de San Rafael, El Limoncito y Los Alacranes, cuyas mujeres y niños se han refugiado principalmente en Guayameo y la cabecera municipal.
Vía telefónica, algunos pobladores de San Rafael confirmaron la conformación de un grupo de autodefensa ante el embate de los delincuentes.
Los pobladores lanzaron un llamado de auxilio a las autoridades de los tres niveles de gobierno y reprocharon que, a pesar de dejar la siembra de amapola, la “narco guerra” los alcanzó nuevamente.
De primera instancia, señalaron que la carretera federal que va de Pungarabato hacia Zihuatanejo permanece cerrada desde hace varios meses, sin que haya una organización delictiva que consiga tener el control absoluto del paso vehicular.
Cualquier particular que pretenda viajar de algún punto de la Tierra Caliente hacia la Costa Grande, debe tomar camino hacia Teloloapan, pasar Iguala y Chilpancingo, llegar hacia el puerto de Acapulco y buscar la salida hacia Coyuca de Benítez, para de ahí seguir la ruta que atraviesa municipios como Atoyac, San Jerónimo, Tecpan de Galeana, Petatlán y finalmente Zihuatanejo.
Entre los generadores de la violencia mencionan al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana (FM), Los Viagras, Guardia Guerrerense (GG) y un grupo local conocido como “Los Yesqueros”, el cual surge principalmente en los pueblos de la Sierra.
Refieren que, al calor de los enfrentamientos, los pueblos que se localizan en la ruta de interés de los grupos delictivos tuvieron que tomar partido.
De no hacerlo, el camino que les quedaba era recurrir a la autodefensa, para no quedarse completamente en estado de indefensión.
Durante los primeros días de noviembre, el presidente municipal de Zirándaro, Gregorio Portillo Mendoza, denunció que seis localidades de su municipio comenzaron a sufrir el asedio de los grupos criminales.
Denunció que la mayoría de las mujeres ya se habían salido de esos pueblos y los hombres se quedaron para defender sus casas, ganado y tierras de cultivo.
Piden investigación imparcial y de fondo
Habitantes del Ejido de Zihuaquio, municipio de Coyuca de Catalán, exigieron que los gobiernos federal y estatal investiguen de manera imparcial al alcalde de Zirándaro, Gregorio Portillo Mendoza.
Demandaron que se revise la influencia que puede tener un operador del CJNG radicado en Huetamo, Michoacán, el cual es apodado como “Beto Canario”, presunto familiar del alcalde de Zirándaro.
Una vez que se asegure la presencia de corporaciones de seguridad en comunidades como San Rafael y Los Alacranes, pidieron que se investigue la autenticidad de la autodefensa armada que se levantó en esas localidades.
Los pobladores de Zihuaquio afirmaron que muchos de los hombres del lugar son obligados a empuñar las armas.
Exigieron también que las autoridades revisen lo que pasa en comunidades como El Ídolo, El Aguacate y El Aguacatito, donde las rencillas personales terminaron en colusión con grupos criminales.
Los habitantes de Zihuaquio sostuvieron que un grupo de civiles armados inició la confrontación en los pueblos de Zirándaro, pero ya que no pudieron mantenerse en la pelea, porque comenzaban a perder los enfrentamientos y se escudaron en la población civil.
“Ellos generaron la inestabilidad en la Sierra, pero ahora están pidiendo la intervención de las autoridades”, señalaron.
El 23 de noviembre, un grupo de reporteros de diferentes medios acudieron a San Rafael, donde los varones que se encontraban resguardando al pueblo informaron que el 10 de noviembre se habían enfrentado con integrantes del crimen organizado, el saldo fue de un vecino muerto y varios heridos.
Los vecinos de Zihuaquio refieren que ese día hubo un hombre muerto por la siguiente razón: “Hicieron que los campesinos fueran a pelear sin saber cómo, pero lo que no dijeron a los medios, es que en ese lugar se quedó una camioneta blindada con las siglas del CJNG rotuladas en las puertas”.
Para ello la situación es muy concreta: “Los delincuentes se están escondiendo en las faldas de la población”.