- * El secretario de Gobierno dijo que esto “es resultado de la eficacia para atender oportuna y responsablemente las legítimas necesidades sociales, promover la participación de la sociedad, construir acuerdos y respetar el Estado de Derecho”
Gilberto Guzmán
El secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, aseguró que en Guerrero hay gobernabilidad y estabilidad política, a pesar de los problemas inocultables que se enfrentan todos los días, porque las instituciones funcionan y las demandas sociales se atienden para evitar que la toma de carreteras, de edificios o de funcionarios públicos como rehenes deriven en actos violentos.
En su comparecencia ante el pleno del Congreso del Estado con motivo del Cuarto Informe de Gobierno, el funcionario afirmó que durante la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores en el estado hay gobernabilidad, estabilidad política y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
“La calidad de nuestra gobernabilidad es resultado de la eficacia para atender oportuna y responsablemente las legítimas necesidades sociales, promover la participación de la sociedad, construir acuerdos y respetar el Estado de Derecho”, indicó.
Salazar Adame detalló que durante el año se dio seguimiento a mil 646 movilizaciones; 510 de las cuales fueron atendidas directamente, tres de cada 10 fueron tomas de casetas en la Autopista del Sol y se orientaron a las instancias competentes 432 movimientos político-sociales.
Precisó que en Chilpancingo hubo 618 movilizaciones y en Acapulco 264, poco más de la mitad de las movilizaciones que se suscitaron en Guerrero, y los sectores educativo, social y laboral fueron los principales generadores de estos incidentes.
“En Guerrero atendemos la movilización social con diálogo y tolerancia, y solamente por excepción se usa responsablemente la fuerza pública”, argumentó.
Protección a derechos humanos
Salazar Adame explicó que el Mecanismo Nacional de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas remitió al gobierno estatal 18 casos, de los cuales 10 son de defensores y ocho de periodistas, mientras que la Unidad estatal atendió 50 casos, de ocho defensores y 42 periodistas.
Indicó que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) brindó 7 mil 302 asesorías jurídicas en materia de carpetas de investigación y acompañó numerosas audiencias como parte del procedimiento penal acusatorio; ofreció apoyo sicológico a 700 afectados; 2 mil 770 gestiones de trabajo social y diversas medidas de ayuda a víctimas indirectas por 9.2 millones de pesos.
En cuanto a feminicidios, dijo que del 1 de enero al 11 de agosto del año en curso, la Secretaría de Seguridad Pública estatal registró 8 feminicidios, lo que coloca a Guerrero en el lugar 18 a nivel nacional.
Dijo que por los niveles de violencia de género se ha emitido alerta para los municipios de Acapulco, Chilpancingo y Chilapa, incluido por iniciativa del Ejecutivo estatal, mientras que la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género que se emitió en 2017 permitió identificar áreas de oportunidad para atender a las mujeres con un plan y presupuesto específico para ellas.
Mencionó que el gobierno de Guerrero retomó la Iniciativa Spotlight de la alianza entre la Unión Europea y la ONU para eliminar todas las formas de violencia en contra de mujeres y niñas, como parte del compromiso para eliminar el feminicidio, recuperar espacios públicos y proteger los derechos de todas las mujeres.
Desplazamiento forzado
En cuanto al desplazamiento forzado como consecuencia de amenazas o actos violentos de grupos delictivos o civiles armados, dijo que en la sierra de Leonardo Bravo (Chichihualco) y Heliodoro Castillo (Tlacotepec) los enfrentamientos entre grupos armados desplazaron a 270 personas que llegaron a la cabecera municipal Chichihualco, el 12 de noviembre de 2018.
El 6 noviembre arribaron a la cabecera municipal de Copalillo 62 personas desplazadas de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, que fueron expulsadas por el comisario municipal con ayuda de un grupo denominado “de autodefensa”.
Actualmente, 18 personas que habían sido desplazadas radican en Chichihualco y 25 más en Copalillo.
Agregó que actualmente se ofrece apoyo humanitario a 748 personas de los municipios de Coyuca de Catalán, Zitlala (Quetzacoatlán de las Palmas), Chilapa, Apaxtla y San Miguel Totolapan establecidos en Atoyac, quienes fueron obligadas a abandonar sus hogares por la violencia de grupos delincuenciales.
Salazar Adame reafirmó el compromiso para contribuir para que los desplazados se reintegren a sus actividades en beneficio de sus comunidades.
También dijo que el gobierno de Héctor Astudillo ha apoyado la búsqueda de personas desaparecidas, así como la localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas.
A través de la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil se favoreció a más de 119,000 personas con trámites de doble nacionalidad, atención a migrantes, campañas itinerantes de servicios gratuitos, atención a víctimas y servicios a pueblos indígenas.
Y para dar certidumbre jurídica a las personas se registraron 20 mil 818 escrituras, 9 mil 111 hipotecas, 525 embargos y 21 mil 902 certificaciones. En personas morales se inscribieron 484 registros y mil 78 registros de sociedades mercantiles.
Además, se brindaron 9 mil 83 asesorías legales gratuitas para la inscripción de actos jurídicos en módulos de atención y se registraron 3 mil 548 trámites gratuitos de bienes inmuebles, para garantizar la entrega a campesinos del Programa Fertilizante 2019.
Indicó que existe una relación respetuosa y permanente con los 81 gobiernos municipales, que ha permitido anticiparse a los conflictos sociales, agrarios y religiosos, así como su atención oportuna, lo que ha contribuido a la tranquilidad del Estado.
A la pregunta del diputado de Movimiento Ciudadano, Arturo López Sugía, sobre la atención a las movilizaciones y los conflictos sociales, el secretario de Gobierno defendió que en Guerrero se goza de gobernabilidad, porque “a pesar de los problemas inocultables que vivimos, las instituciones funcionan”.
“El funcionamiento ordinario de este Congreso, del Tribunal Superior de Justicia, del Ejecutivo, de los ayuntamientos, la operación y ejecución de políticas públicas, las giras que frecuentemente realizan legisladores federales, senadores, diputados, ustedes mismos, funcionarios de la administración pública local”, comentó.
Dijo que los problemas en Guerrero se atienden con los recursos que les asigna en el Presupuesto el Congreso, pero también con los recursos políticos, cuando se bloquean carreteras, cuando se toma como rehén a servidores públicos, cuando se impide el funcionamiento de alguna oficina, de manera inmediata se establece el diálogo y en forma pacífica se disuelven problemas que de otra manera podrían derivar en actos violentos.
“La operación previa es lo que nos permite decir que a pesar de las circunstancias por todos conocidas que vivimos en Guerrero, las instituciones funcionan”, subrayó el secretario.