Alondra García
El Ayuntamiento de Alcozauca, que encabeza el alcalde priísta Armando Sánchez de Jesús, negó el pago de laudos a tres trabajadores a quienes les ha sido retenido este derecho de manera injustificada desde hace dos años y medio.
La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) emitió la recomendación 015/2019 desde el primero de abril de este año, por la violación a la seguridad jurídica y la inejecución de laudos a tres trabajadores.
La recomendación estuvo dirigida al ayuntamiento de Alcozauca y al Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCyA), para que se garantizara el pago a las tres personas afectadas.
El órgano jurisdiccional sí aceptó la recomendación de la CDHEG, pero el Ayuntamiento de Alcozauca la rechazó.
En los puntos resolutivos, se recomendó a los integrantes de ese Ayuntamiento que en la sesión de cabildo inmediata se hicieran acuerdos y giraran instrucciones para cumplir a la brevedad los puntos resolutivos del laudo, el cual está fechado el 15 de mayo de 2017, de tal manera que fueran resarcidos y restituidos los derechos humanos y laborales de tres personas afectadas.
Se les recomendó también que conforme a la normatividad aplicable se asignara una partida presupuestal del ejercicio fiscal 2019 de ese ayuntamiento, que les permitiera cumplir en tiempo y forma el laudo citado.
Además, se les solicitó remitir a la CDHEG copia certificada del acta de sesión de cabildo y demás constancias que acreditaran el cumplimiento de la Recomendación.
En otro punto, se le recomendó al gobierno municipal de Alcozauca impartir un curso integral en materia de derechos humanos con perspectiva de género, a fin de prevenir hechos similares a los que dieron origen a la resolución.
A más de seis meses que les fue notificada la recomendación, el Ayuntamiento de Alcozauca ha sido omiso en su respuesta.
Ante la falta de una resolución expresa dentro del plazo legal previsto, la CDHEG interpretó que el gobierno municipal no aceptó la resolución 015/2019.
En virtud de lo anterior, el organismo advirtió que el gobierno municipal de Alcozauca incumple lo que establece el Artículo 1° Constitucional: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.