Dagoberto Santos Trigo
Los actuales son tiempos de cambio. Aún no se vislumbran del todo las modificaciones que vendrán. Una realidad, es que el voto continúa siendo, en el periodo de la transición y consolidación democrática mexicana, el único instrumento legal y legítimo para lograr el cambio pacífico de los cargos políticos electos bajo la participación ciudadana. No existe otro método: ni la violencia armada, ni los golpes de Estado, ni las mayorías artificiales a punta de fraudes.
El método legal, pacífico, soberano, y válido para afianzar o cambiar la composición de la representación y la dirección gubernamental, es el voto liso y llano. Sin él, no es posible conocer la genuina manifestación de la voluntad popular. Sin el voto auténtico, periódico y libre no es posible tener gobiernos y representaciones legislativas que provengan de la expresión universal de quienes detentan la soberanía.
De ahí, la relevancia para el Instituto Nacional Electoral de mantener lo construido y de avanzar hacia los retos que se vislumbran en el horizonte. Antes de la reforma constitucional de 2014, al Instituto le correspondía la organización de las elecciones federales.
El Poder Revisor de la Constitución, en aquel año impulsó una dinámica de transformaciones constitucionales para crear el Sistema Nacional de Elecciones, otorgando al INE atribuciones y facultades que antes del cambio normativo correspondían a los institutos electorales locales. Este cambio y la aparición de los OPLES, vinieron a modificar las dinámicas de trabajo y a establecer nuevas cadenas colaborativas para lograr los objetivos institucionales.
Lo que se buscaba con la reforma era bajar los costos de la administración electoral y también se mencionó la homogenización de las reglas y de los procedimientos electorales; además de buscar que los Ejecutivos estatales “no metieran mano” en la selección de las y los consejeros de los Consejos Generales de los institutos locales.
El antiguo Instituto Federal Electoral ya se encargaba nacionalmente de la producción y entrega de las credenciales para votar, también de la organización del padrón electoral y de la producción e impresión de los listados nominales con fotografía; así como el de ser autoridad única en la administración de los tiempos de Estado para fines electorales; ahora asumiría nuevos retos que vendrían a conformar un sistema nacional de competencias.
Así, por ejemplo, el nuevo INE asumiría completamente áreas tan importantes como la insaculación y capacitación de los ciudadanos sorteados tanto para elecciones federales como locales; la integración de las mesas directivas de casilla, así como la ubicación de las mismas; también se encargaría de fiscalizar los ingresos y gastos de partidos políticos y candidaturas en todos los tipos de elecciones.
En materia de fiscalización, llama la atención que antes de la reforma constitucional no había una práctica de vigilar de manera adecuada el origen y destino de los recursos destinados a los partidos políticos.
Por ejemplo, en 2013, el monto global de sanción económica a los siete partidos en Guerrero, ascendió a la cantidad de casi 575 mil pesos, por actividades ordinarias permanentes. En cambio, ya con el nuevo esquema de fiscalización para 2016, el monto de sanción ascendió a: 7,619,974.90 (siete millones, seiscientos diecinueve mil, novecientos setentaicuatro, punto noventa)
Otro de los temas que ha registrado avance, tiene que ver con la redistritación. Antes de la reforma, los encargados de ella eran los propios institutos locales que, en la mayoría de las veces, no usaban criterios técnicos para llevarla a cabo. Lo que propiciaba una inequitativa representación de la voluntad popular ya que existían diputaciones locales que valían “el doble” de votantes que otras demarcaciones.
Con la entrada del criterio técnico a la redistritación, con el control total del INE en este aspecto, se logró que se alejaran los elementos políticos del diseño y que, en cambio, aparecieran, en la reconfiguración, principios técnicos y sociales como el de equilibrio poblacional, distritos integrados con municipios de población indígena, integridad municipal, compacidad, tiempos de traslado, continuidad geográfica, así como también factores socioeconómicos y rasgos geográficos
Los principales retos del INE. En primer lugar, será el de garantizar que en la nueva conformación de los Consejos Locales y Distritales prevalezcan altos perfiles de quienes ocupen los cargos en las Consejerías.
El INE debe buscar perfiles que permitan garantizar la independencia de criterio, a la vez, que sean conocidos por su participación en la defensa de los derechos humanos, con compromiso social y que hayan dejado su impronta en el cumplimiento de las leyes.
Otro de los aspectos primordiales tiene que ver con impulsar la cultura política democrática y la cultura cívica, a través de un reforzamiento de la ENCCÍVICA, no tanto en las zonas urbanas como en las rurales.
Actualmente, considero que el Talón de Aquiles se encuentra en la poca presencia de la institución en las comunidades, vecindarios, pueblos, rancherías, cuadrillas y demás puntos de aglomeración demográfica en las áreas rurales.
Ahí se deben enfocar las baterías para llevar los servicios que ofrece el INE, a quienes más los necesitan. Y no me refiero solamente a la entrega de las credenciales para votar en los lugares más recónditos de la geografía, vía los módulos itinerantes, sino el de llevar información y capacitación sobre la construcción de ciudadanía y ejercicio efectivo de los derechos a esa población.
Aquí se encuentra el otro reto mayor: impulsar una cruzada en contra de la compra y coacción del voto, para evitar que la población más desprotegida y vulnerable caiga en las redes clientelares que pervierten el juego democrático. Ni un voto para quienes utilizan el mercadeo electoral como un baluarte para ganar adeptos.
Ni un paso atrás para quienes cooptan la voluntad popular con “espejitos” modernos o con migajas del subdesarrollo. No se puede permitir que personas que aspiren a un cargo de elección popular pretendan ganar con prácticas que en nada ayudan a la emisión libre e informada del sufragio. No se debe permitir que haya personas que busquen el engaño de las y los electores.
Otro de los grandes pendientes consiste en hacer visible los derechos de la comunidad indígena. Por ejemplo, en Guerrero existen 30 municipios con población indígena en un 40 por ciento o más, también 5 distritos locales y 2 federales con fuerte presencia de grupos representativos de ese sector de la población.
Es una realidad que ahí donde los gobiernos de los partidos políticos realizan una mala gestión, en municipios con alta presencia aborigen, pueden dar paso a otras formas de asociación y de organización políticas más allá de la lógica tradicional partidaria. Pero existen otros municipios, distritos y regiones con población mayoritariamente mestiza en la que no debe resultar procedente la aplicación hegemónica de sistemas normativos propios porque se estaría atentando contra la democracia en sentido mayoritario.
Se debe tener mucho cuidado a la hora de emprender reformas electorales, no vaya a ser que, con el pretexto del ahorro, se abra la puerta a grupos ilegales, espurios e ilegítimos que vulneren nuestra frágil democracia y se hagan con el control de los principales actores de la contienda.
El sistema democrático exige sacrificio, entrega y dedicación. No se debe permitir que se pierda lo alcanzado en términos de igualdad de condiciones para la competencia y que la pluralidad política se siga recreando como un mecanismo válido para permitir el cauce civilizado de las contiendas políticas.