Gilberto Guzmán
La diputada Leticia Mosso Hernández, del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa de adición al Código Penal del Estado de Guerrero que propone aumentar la penalidad a quien cometa fraudes financieros contra personas de pueblos o comunidades indígenas que no hablen o entiendan correctamente el idioma español.
Al presentar la iniciativa en la sesión de este miércoles, explicó que el artículo 237 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero define el delito de fraude “a quien por medio del engaño o aprovechando el error en que otra persona se halle, se haga ilícitamente de alguna cosa u obtenga un lucro en beneficio propio o de un tercero”.
Subrayó que el fraude es un delito más común de lo que nos imaginamos, cada vez existe más creatividad e inteligencia de las personas que buscan cómo abusar de la falta de información o la buena fe de alguien más, así como la insensibilidad para llevar a cabo algo que se sabe va a perjudicar a otros.
Detalló que los elementos fundamentales del tipo penal de fraude, son los siguientes: la intención dolosa del defraudador que hace la maquinación de engañar al defraudado o aprovechándose en el error en que se encuentra el sujeto pasivo; y dos, es un aspecto económico que se traduce en la obtención de alguna cosa u obtener un lucro indebido de manera ilícita, para el defraudador o una tercera persona, o en un perjuicio para el defraudado.
Leticia Mosso indicó que la iniciativa pretende endurecer las penas en situaciones específicas, como es el caso de personas originarias de pueblos y comunidades indígenas, de los cuales en su mayoría desconocen cualquier información relacionada con la operación de instituciones financieras, aunado a que en la mayoría de los casos, las personas no hablan el español, lo que facilita a los defraudadores cometer dicho ilícito.
Informó que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) asegura que estas sociedades financieras no se registran ante la autoridad y a falta de cobertura de instituciones bancarias en zonas alejadas de las ciudades y la urgencia por conseguir un préstamo económico han sido aprovechadas por instituciones financieras fraudulentas que piden el pago de una inscripción y el adelanto de mensualidades, además de ofrecer servicio de ahorro, con supuestos beneficios a los ahorradores, un beneficio que nunca llega.
Se refirió a las llamadas cajas populares o Sociedades Financieras de Objeto, cuyo objetivo es ahorrar dinero u otorgar créditos, tal como lo hiciera una institución bancaria, pero brindando ciertas facilidades que, en apariencia, benefician al cliente.
Un ejemplo en el estado de Guerrero fue el fraude cometido por el Corporativo Teo´s a través de la Firma o Productos Amor, quienes usaron tres sociedades anónimas para captar recursos de 16 mil 500 ahorradores junto a las Cooperativas Tlapaneca, Cofia, Las Tres Mixtecas, Azteca y Covadonga.
“La lista de los municipios donde se defraudó a las personas en el estado de Guerrero, la mayoría son de alta y muy alta marginación, donde más del 80% de sus habitantes habla una lengua originaria, como Cochoapa el Grande y Metlatónoc, toda la región de la montaña alta se vio afectada por esta agresión”, expuso la legisladora.
Recordó que la Ley de Ahorro y Crédito Popular publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2001, endureció las reglas de creación y supervisión de las cajas de ahorro, pero no ha detenido el creciente delito en contra de personas de medianos y bajos recursos que necesitan liquidez.
Y en agosto de 2009 la Cámara de Diputados expidió la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, “reglamentación legal hay, pero la complejidad de la norma jurídica dificulta la aplicación de la misma”.
Agregó que la iniciativa de adición de un último párrafo al artículo 237 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, pretende aumentar la pena a quien defraude a personas indígenas, de escasos recursos, y que no hablen completamente el español, acción que por demás facilita sean defraudados.
La iniciativa de decreto se turnó a la Comisión de Justicia.