* La diputada Mariana García presentó una propuesta para reformar el Código Penal y castigar con prisión a quien provoque o induzca a que personas tengan que abandonar sus hogares
Gilberto Guzmán
Mariana García Guillén, diputada local por Morena, informó que presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Guerrero y que se apliquen sanciones de hasta 12 años de prisión a quien provoque desplazamiento forzado de personas en la entidad.
Al presentar la propuesta en la sesión del jueves, la diputada por Morena señaló que durante el 2018 Guerrero ocupó el primer lugar en desplazamiento interno forzado, con más de 5 mil personas que tuvieron que huir de sus comunidades ante la violencia que se vive, por lo que se hace necesario sancionar hasta con 12 años de cárcel a quien provoque o induzca a una persona o un grupo de personas abandonar su lugar de residencia.
En la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del Código Penal, la legisladora expuso un panorama de la situación que viven miles de guerrerenses respecto al desplazamiento interno forzado.
Mencionó que de acuerdo al reporte anual de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Guerrero superó a Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa, dejándolo como el estado de la República mexicana donde más personas se desplazan de sus hogares, debido a los conflictos violentos que se presentaron en 2018.
“Por lo menos 5 mil 56 personas en Guerrero tuvieron que dejar sus hogares, posicionándolo como el primer lugar del país; los afectados pertenecen a 22 comunidades de ocho municipios, donde se reportaron más agresiones de grupos delictivos, lo que llevó a catalogar al menos 13 distintos hechos de desplazamiento forzado en grandes cantidades de ciudadanos”.
Recordó casos como los ocurridos en San Miguel Totolapan, Leonardo Bravo, Eduardo Neri, Zitlala, Apaxtla, Ajuchitlán del Progreso, Petatlán y La Unión, los ocho municipios guerrerenses con los más altos índices de desplazamiento.
Mencionó que el primer lugar en este problema es Leonardo Bravo, donde el 11 de noviembre de 2018, al menos 2 mil personas se desplazaron de las comunidades de Filo de Caballos, Los Morros, Campo de Aviación, La Escalera, El Naranjo, Carrizal de la Vía, El Balsamar y Tepozonalco, producto de la irrupción de casi 3 mil hombres armados, pertenecientes al Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero, con el argumento de erradicar la violencia que se vivía en esta zona del estado, la cual estaba controlada por el grupo delictivo conocido como El Cartel del Sur.
Tras hacer un recuento de los 12 desplazamientos forzados que se registraron en 2018, consideró que estos hechos son una clara muestra que las acciones que han emprendido los gobiernos municipales como el gobierno del estado “han sido insuficientes” y han quedado rebasados por lo que consideró necesario que el Congreso de Guerrero tome cartas y legisle al respecto, a fin de tipificar como delito el desplazamiento interno Forzoso dentro del Código Penal de Guerrero.
De acuerdo con la iniciativa presentada por la morenista, el Desplazamiento Forzado se sancionará con penas que van de 6 a 12 años de prisión y multas de 300 a 600 días de salario mínimo, a quien de manera individual o colectivamente ejerza violencia o cualquier otro medio coactivo en contra de una persona o un grupo de personas con el objeto de inducir a que abandonen su lugar de residencia.
Aclaró que no se entenderá por desplazamiento interno forzado al movimiento de población que realice la autoridad cuando tenga por objeto la seguridad de la misma o por mandamiento judicial.
También consideró relevante establecer un marco jurídico que permita identificar claramente a las víctimas del desplazamiento forzoso a efecto de facilitarles el acceso a la reparación integral que prevé la Ley de Víctimas del Estado de Guerrero.