* El exprocurador de Justicia de Guerrero criticó que juzgadores “alegan que hubo detenciones ilegales y como consecuencia ponen en la calle a quienes tienen vínculos con la delincuencia organizada”

Jesús Saavedra

Iñaky Blanco Cabrera, quien era procurador de Justicia en Guerrero cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, crítico que los jueces encargados de llevar los procesos de los implicados en esta desaparición forzada estén tomando decisiones “fáciles” y descartó que existan actos de tortura en contra de los principales implicados en el caso.

El abogado hizo estas declaraciones en entrevista en el espacio de Ciro Gómez en Radio Fórmula, en la cual se refirió a la liberación de Gildardo López Astudillo ‘El Cabo Gil’, quien estaba acusado de ser operador del grupo criminal Guerreros Unidos y haber ordenado la detención y desaparición de los 43 normalistas, en la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Las autoridades han dado a conocer que de los 142 detenidos por este caso, han sido liberados 53 presuntos implicados, el último ‘El Cabo Gil’, a quien un juez federal con sede en Tamaulipas le dictó sentencia absolutoria y obtuvo su libertad desde el sábado pasado, lo que Iñaky Blanco consideró “es grave lo que está ocurriendo”.

Aseguró que con estas decisiones judiciales, los jueces están tomando decisiones “por la fácil, alegan violaciones al debido proceso, alegan que hubo tortura, alegan que hubo detenciones ilegales y como consecuencia ponen en la calle a quienes tienen vínculos con la delincuencia organizada, lo cual me parece muy grave”.

Señaló que los jueces que tienen el proceso judicial en su tutela, “en todo caso desvirtúan o descalifican todos aquellos datos que tienen que ver con tortura”, y cuestionó el “por qué no ordenan la reposición de los procedimientos, en dónde quedan los derechos humanos de las víctimas y dónde queda el derecho a la verdad y el derecho a la justicia”.

Recalcó que en las actuaciones que realizó la Procuraduría de Justicia, entonces a su cargo, durante la detención de 22 policías municipales, y después de las revisiones que ha hecho de las indagatorias por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “no hay indicios de tratos crueles e indignantes e incluso la tortura” y que no habría oportunidad de que obtuvieran su libertad.

Dio un voto de confianza a la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa para que se trate de aclarar lo que sucedió en la desaparición de esos 43 estudiantes y el deslinde de responsabilidades.