* Grupo de trabajo emitió informe luego de analizar segunda solicitud de Alerta por Violencia de Género para Guerrero
Carlos Navarrete
El grupo de trabajo que se conformó para atender la segunda solicitud de Alerta por Violencia de Género para Guerrero, emitió varias recomendaciones al gobierno del estado y algunas de sus dependencias, al Congreso del Estado y a la Fiscalía General del Estado (FGE), para combatir y disminuir los índices de violencia sexual en la entidad en un lapso de seis meses.
Entre éstas recomendaciones está reformar el Código Penal del Estado, a fin de que las mujeres embarazadas, producto de una violación, puedan acceder a un aborto seguro y gratuito en cualquier clínica del sector público, sin necesidad de presentar una denuncia ni contar con una autorización del Ministerio Público, como su actual redacción lo exige.
Si las autoridades responsables no acatan esas recomendaciones o no las atienden de manera efectiva, el gobierno federal decretará la alerta por agravio comparado, lo que convertiría a Guerrero en la segunda entidad del país en la que se aplica ese mecanismo.
En conferencia de prensa, representantes organizaciones feministas que promovieron la solicitud, dieron a conocer que el grupo de trabajo —integrado por cuatro académicas, un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), una del Instituto Nacional de la Mujer y otra de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim)— presentó ya su informe relacionado a la situación de los derechos humanos de las mujeres en territorio guerrerense.
La solicitud fue presentada de manera formal el pasado 8 de marzo por el Observatorio Ciudadano de Violencia hacia las Mujeres en Guerrero, con el objetivo de que el gobierno estatal garantice que las mujeres embarazadas, como resultado de una violación, accedan a un aborto sin la intervención del Ministerio Público, como lo establece la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046).
En el informe, que fue publicado en el portal de internet de la Conavim, el grupo de trabajo reveló que de 2016 a 2019 se abrieron 13 carpetas de investigación por el delito de aborto, las cuales se encuentran en proceso, es decir, en ningún caso se ha emitido una sentencia.
También indicó que, de acuerdo con reportes del Poder Judicial, de 2016 a la fecha no se cuentan con registros de casos consignados por ese delito.
La información proporcionada por las autoridades al grupo de trabajo establece que de 2016 a 2019 se abrieron 118 carpetas de investigación por el delito de violación contra mujeres, siendo Acapulco el municipio con mayor incidencia, seguido de Chilpancingo e Iguala.
“Se informó que en el periodo de 2016 a 2019, un total de 7 mujeres víctimas del delito de violación se encontraban embarazadas, de las cuales 3 solicitaron interrupción del embarazo. Al respecto, a través de oficio, la Fiscalía General del Estado solicitó a los hospitales: Hospital General Regional Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez, Hospital General Dr. Raymundo Abarca Alarcón y al Hospital General de Ometepec, se atendiera la solicitud de interrupción del embarazo de las víctimas”, se lee en una de las páginas del informe.
Sin embargo, más adelante refiere que se realizaron 14 interrupciones de embarazo por violación de 2016 a la fecha en instituciones de salud pública, privada y por parte de prestadores de servicios de salud, la mayoría a estudiantes menores de edad.
El documento hace mención de las actividades, acciones, capacitaciones y políticas públicas que emprendió el gobierno del estado —a través de diferentes dependencias— para la salud sexual y reproductiva de las mujeres; así como los servicios con relación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
El grupo observó que de 2016 a febrero del 2019 la Secretaría de Salud estatal registró un total de 35 mil 949 atenciones a mujeres por lesiones y violencia, cantidad que representa el 3.70 por ciento del total de atenciones brindadas a mujeres a nivel nacional.
“Es importante señalar que a lo largo del análisis se habla de atenciones y no de usuarias, puesto que una mujer puede haber sido atendida en más de una ocasión, además que en el transcurso de una consulta por cualquier otro motivo puede detectarse abandono o negligencia o bien violencia económica o patrimonial”, señala.
Los municipios que registran el mayor número de atenciones por violencia familiar son Iguala, Ometepec, Chilpancingo y Acapulco.
Al respecto, el grupo de trabajo consideró que las cifras de repetición de eventos en el estado muestran altas tasas de reincidencia respecto a todos los tipos de violencia. De manera particular, expresó que es preocupante el alto número de repetición de los eventos de violencia psicológica, económica y física.
“En este sentido, el grupo considera que esto refleja una situación de violencia constante en la vida de muchas mujeres de la entidad y una necesidad apremiante de dirigir esfuerzos adicionales encaminados a su prevención, atención y sanción”, explica el informe.
De acuerdo con la información, las entidades con mayor porcentaje de nacimientos de madres adolescentes entre 2015 y 2017, fueron Coahuila, Chihuahua, Durango, Guerrero y Tlaxcala.
De la mortalidad materna, se informa que la mayoría de los casos en Guerrero ocurren por falta de atención obstétrica de emergencia.
“El factor común es la falta de acceso a servicios básicos y los largos recorridos por brechas y carreteras para llegar a las instalaciones de salud más cercanas, las cuales, en muchos casos, carecen de medicinas, equipamiento y personal médico capacitado. Dicha situación vulnera el derecho a la salud, los derechos a la integridad personal, a la vida y a la vida digna de las mujeres en la entidad”, señala.
Ante ese escenario, el grupo de trabajo recomendó al Congreso de Guerrero estudiar, revisar y reformarla legislación relacionada a la interrupción legal del embarazo por causal excluyente de violación.
La propuesta es que se elimine el requisito de que la víctima de una violación, que haya quedado embarazada, presente una denuncia y que haya autorización del Ministerio Público. Al Poder Ejecutivo recomendó coadyuvar con el Congreso para hacer efectiva esa propuesta de reforma.
A decir de las organizaciones peticionarias, el Congreso tendría que reformar el Código Penal para despenalizar el aborto antes de las 12 semanas de gestación, sin importar el motivo del embarazo.
A la Fiscalía el grupo recomendó fortalecer la atención a las mujeres víctimas de violencia sexual; reorientar recursos económicos y materiales para la mejor operación de la fiscalía especializada y aumentar el número de personal adscrito a las Fiscalías de atención a víctimas de delitos sexuales; entre otras.
A la Secretaría de la Mujer, a la Dirección de Comunicación Social del gobierno del estado y a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, recomendó impulsar una campaña de comunicación que difunda entre la población el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el acceso a la interrupción legal del embarazo como un derecho a la salud y la prevención del abuso sexual infantil en el ámbito familiar.
En el informe, el grupo de trabajo advierte que el gobierno del estado cuenta con 15 días hábiles para responder si acepta o rechaza las recomendaciones emitidas. En caso de aceptarlas, las autoridades competentes tendrán seis meses para acatarlas y deberá informar las acciones que emprendió para ese fin.
En caso de que se cumpla con los indicadores establecidos, no se decretará la alerta por violencia de género por agravio comparado. De no ser así, o en caso de que el gobierno del estado no acepte las recomendaciones, el gobierno federal decretará ese mecanismo.