RAÚL SALGADO L.
El artículo 29 Constitucional, precisa que: “En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga en peligro a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del H. Congreso de la Unión”, podrán tomar las medidas apremiantes.
Es incuestionable que el problema social de mayor preocupación, “que perturba de manera grave a la paz pública” es del de la Inseguridad, ya que se ha trastocado la paz y la tranquilidad en todas las esferas sociales y la que ha generado el sentimiento de mayor compromiso; en consecuencia, la acción presidencial está encuadrada plenamente en el marco Constitucional.
El Gobierno de la República asumiendo su elevada responsabilidad, presentó ante el H. Congreso de la Unión la propuesta en materia de la Seguridad Publica, donde planteaba en el 4° transitorio la modalidad de que el mando de las corporaciones policiacas: Policía Federal, Marina y el Ejército, estuviera bajo el mando y control de este último.
Esto motivó inicialmente, un acalorado cabildeo entre las fracciones partidistas, que acabó por no profundizar en las diferencias y se consintió mandar al Senado de la República la enmienda de que el mando fuera de carácter civil, alegando que la otra forma pudiera ser un riesgo que diera paso a la militarización del país.
El Presidente de la República manifestó su inconformidad, reiterando que la confianza y lealtad del Ejército Mexicano, valores demostrados históricamente haría prácticamente imposible cualquier mala interpretación, sin embargo, todo esto motivó acaloradas discusiones en el Senado de la República, lo que ocasionó se abriera una amplia aportación de ideas y experiencias de muchos estudiosos en la materia, arrojando seguramente la presentación de una nueva propuesta, la que posiblemente tendrá un amplio consenso para su aprobación.
A estas horas todo será ya parte de la historia; se habrá aprobado seguramente la Guardia Nacional con mando civil y reservando en el mismo transitorio la participación del ejército, condicionándolo para que su ejercicio concluya gradualmente en cinco años, en tanto madura y se profesionaliza un cuerpo policiaco para las tareas de Seguridad Pública y sea exclusivamente de carácter civil.
En las últimas semanas un buen número de gobernadores preocupados por los altos índices de delincuencia en sus Entidades, manifestaron el respaldo a la justificada postura del Sr. Presidente de la República, pues conocedores cercanos a la problemática de sus entidades, que sufren los graves embates de la violencia y de la delincuencia, han concurrido en la idea de que no hay una Instancia Policiaca sólida, consistente y confiable, capaz de hacerle frente a este fenómeno, que no sea la Institución de mayor respetabilidad y profesionalismo como lo es el Ejército Mexicano.
Es de reconocer la valiente y digna postura del mandatario guerrerense, quien consciente de la situación que vive la entidad, no ha dudado para manifestar la urgente presencia de la Guardia Nacional y ha coincidido con el Sr Presidente, ya que ante la ausencia de instancias policiacas eficientes, debe entrar en auxilio la presencia del Ejército, quien es en definitiva, la mejor medida para garantizar la paz pública y evitar el grave peligro que acecha a nuestra sociedad.