* Comisarios de varias comunidades expresaron en un comunicado que quienes se refugiaron en Chichihualco desde noviembre “son familiares y en algunos casos integrantes activos del crimen organizado”
ROSARIO GARCÍA
A través de un comunicado, representantes de comunidades ubicadas en la Sierra de los municipios de Leonardo Bravo y Eduardo Neri explicaron que se niegan aceptar al retorno de los desplazados que permanecen en Chichihualco desde noviembre pasado, y justifican su negativa al decir que “son familiares y en algunos casos integrantes activos del crimen organizado, por lo que se les responsabiliza de diferentes delitos cometidos en la zona”.
El documento que circuló en redes sociales está avalado por los comisarios de Polixtepec, Corralitos, Puentecillas, El Ranchito, Filo de Caballos, La Escalera, La Torre Camotla, Campo de Aviación y Los Morros, de Leonardo Bravo; y de Tres Cruces y Mirabal, pertenecientes a Eduardo Neri.
De acuerdo con el comunicado, en diferentes asambleas realizadas en sus comunidades para preguntar si apoyan el regreso de 270 desplazados que están en Chichihualco, la respuesta de los habitantes ha sido que en Filo de Caballos se reportan 17 familias desplazadas y se acordó por unanimidad “que bajo ningún motivo permitirán el regreso de los desplazados, ya que los señalan de manera inequívoca como parte de la delincuencia organizada”.
En lo que respecta a Campo de Aviación, hay el registro de 35 ciudadanos desplazados, de quienes la asamblea acordó no intervenir en su regreso, “ya que la mayoría de ellos son familiares directos de miembros de la delincuencia”.
Mientras que en Los Morros son 30 ciudadanos desplazados, y donde coincidieron los habitantes de la localidad que no los van a apoyar para que regresen porque son familiares de delincuentes.
De acuerdo con el comunicado, los habitantes de Filo de Caballos, Campo de Aviación y Los Morros en asamblea decidieron cancelar las tomas de agua potable de las casas que permanecen vacías desde noviembre de 2018, en donde vivían los desplazados, quienes este domingo partieron a la Ciudad de México para buscar reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador y pedirle que intervenga en el conflicto que se vive en la zona.
El comunicado también incluye una petición a la Fiscalía General del Estado para que se instalen en esa ruta serrana tres Agencias del Ministerio Público que atiendan las denuncias correspondientes por los delitos de robo, extorsión, violación, lesiones, abigeato, asesinato, y desaparición forzada en contra de los “delincuentes” que estaban asentados en dicho corredor, y que hoy se hacen llamar “desplazados”.