* “Si regresamos nos van a matar”, aseguran representantes de 18 familias que desde el 5 de noviembre de 2018 abandonaron sus hogares y se refugiaron en Copalillo por las amenazas de grupo delictivo
JESÚS SAAVEDRA
Las 18 familias que abandonaron sus hogares en Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, para refugiarse en Copalillo, debido a las amenazas de un grupo delictivo, rechazaron la propuesta de la Secretaría de Gobierno de que regresen a su comunidad, al avalar un acuerdo con autoridades de ese municipio y de la localidad en el que aseguran que garantizan su seguridad e integridad.
“Si regresamos nos van a matar, por eso rechazamos la propuesta de las autoridades que traen un escrito de comisarios municipales y ejidales que están falsificadas” aseguró, Víctor Ojeda Hernández miembro de una de las familias desplazadas de Tlaltempanapa.
Este domingo, representantes de esas familias ofrecieron una conferencia de prensa acompañados de abogados del Centro de Derechos Humanos ‘José María Morelos y Pavón’ de Chilapa.
Explicaron que desde hace 5 años inició la violencia en Tlaltempanapa, localidad indígena de Zitlala, cuando un grupo de hombres armados se incorporó a las filas del grupo criminal Los Ardillos, quienes de manera violenta se hicieron del control del pueblo.
Esa comunidad nahua tenía mil 800 habitantes, pero en la actualidad es un pueblo desolado donde quedan una treintena de personas que forman parte de ese grupo criminal violento, según los desplazados.
Las 18 familias decidieron huir del horror y las constantes amenazas el pasado 5 de noviembre, luego que el grupo armado irrumpió en una vivienda y se llevó por la fuerza a los señores Victoriano Hernández y los hermanos Pedro y Javier Ojeda, cuyo paradero se desconoce desde entonces.
La niña María de Jesús Hernández Tecuchillo narró que los hombres armados de Los Ardillos irrumpieron en su vivienda y se llevaron a su papá y a sus tíos, “llegaron, los maniataron, los golpearon y se los llevaron con rumbo desconocido, desde esa fecha no sé nada de mi padre y lo que exigimos es justicia. Las autoridades dicen que garantizan nuestra seguridad, pero no les hace nada a esos malhechores que han deshecho decenas de vidas”, aseguró.
La señora Joaquina Cantor indicó que tras esos hechos, ella fue a Zitlala a pedir la intervención del Ejército “para que resguardara nuestra salida con los niños y los protegieran, pero me mandaron a la comandancia municipal para pedir que dieran la orden del ayuntamiento y no nos atendieron”.
Señaló que por eso decidieron salir de su comunidad la noche del 5 de noviembre y viajaron a pie hasta la cabecera de Copalillo, donde llegaron tres días después de caminar por el monte. “No tenemos trabajo, los niños no tienen educación, le pedimos asistencia a las autoridades, que nos den alimentos a granel maíz, frijol, aceite, azúcar, sal, trabajo, porque no vamos a regresar a Tlaltempanapa”, afirmó.
Víctor Ojeda indicó que las amenazas ya las habían informado con anterioridad a las autoridades de Zitlala, pero no intervinieron, por lo que “decidimos escapar para estar vivos a morir en manos de esos delincuentes”.
El 17 de enero pasado, el subsecretario de Gobierno, Martín Maldonado del Moral, les llevó a Copalillo una minuta firmada por el alcalde de Zitlala, Rogelio Ramos Tecorral; el comisario Magdaleno Amatitlán y el comisariado ejidal, Ernestino Hernández Trinidad.
El problema de esa minuta es que las firmas de los comisarios son falsificadas, porque Hernández Trinidad fue asesinado hace meses, pero su supuesta firma aparece en el documento en el que se comprometen a garantizar la integridad de esas 18 familias si regresan a Tlaltempanapa.
Esa respuesta se la dieron a Maldonado del Moral, quien se comprometió a que la semana pasada acudiría el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, a escuchar sus argumentos del por qué rechazan la propuesta de regresar a su comunidad.
“Queremos que nos reubiquen de manera definitiva, porque regresar a Tlaltempanapa es regresar a que nos maten”, aseguró Pedro Ojeda.