Alejandro Mendoza
Estoy a favor del respeto a la investidura que le da la ley a una persona sea cual sea la responsabilidad a ejercer. El propio el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ha dicho todo dentro de la ley y fuera de ella, nada.
Lo ocurrido en Tlapa de Comonfort el fin de semana durante el evento de los titulares del poder Ejecutivo federal y estatal, en donde se hizo del conocimiento nacional la rechifla y los reclamos al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, al grado que tuvo que intervenir López Obrador porque no le permitían dar su discurso, merece un análisis desde la perspectiva del por qué la falta de respeto a la investidura institucional, más allá de las presuntas motivaciones políticas que puedan existir atrás.
La institucionalidad no es otra cosa que el apego a la ley, empezando por la ley fundamental que es la Constitución y demás leyes locales existentes en los estados y municipios de la República.
Los cargos, electivos o no, creados por la Constitución, y las leyes, confieren a quienes los detentan una dignidad que surge de la responsabilidad que les da la República. La investidura, dice el diccionario, es el carácter que se adquiere con la toma de posesión de ciertos cargos o dignidades. La investidura exige respeto, no solamente a las personas que las poseen, sino a los cargos que ocupan, porque tales cargos son un mandato emanado de la voluntad popular.
Es evidente que las acciones y los comportamientos indignos de las personas desgastan el respeto que les confiere su investidura, y la falta de respeto a las personas se traslada también a los cargos que detentan, con lo cual la institucionalidad sufre, porque crecen la desconfianza y el escepticismo.
Pero es muy distinta la defensa de quienes a ultranza defienden a la persona más que a la investidura, es decir, prevalece una mentalidad del pasado como cuando el presidente era más como un emperador. En los tiempos modernos, el presidente de la Republica como los gobernadores, son servidores públicos, y la gente espera que sean transparentes y den respuestas sobre su actuar.
Supongamos que la investidura institucional es una toga y debajo hay una persona que presenta un discurso a sus ciudadanos de una forma, pero actúa de otra, que no es íntegro, que no cumple sus promesas, que no atiende las necesidades del pueblo, que no garantiza una mejor calidad de vida a las zonas pobres y marginadas, obviamente esa persona es la primera que no respeta su propia investidura institucional que posee.
Lo ocurrido en Tlapa de Comonfort es lamentable, sí, para el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador por no lograr apaciguar los ánimos y para el gobernador Héctor Astudillo Flores, por ser el primer escenario tan adverso de desaprobación popular pública que lo tocó enfrentar a la mitad de su gobierno en la zona de la Montaña.
Sin embargo, el hecho es mucho más profundo de lamentar, más allá, si trató de una acción política orquestada por líderes de Morena o, por el propio Pablo Amílcar, como acusó el gobierno del estado, o si es resultado de una genuina protesta popular contra el Ejecutivo estatal, o si son parte de los llamados usos y costumbres del deficiente nivel de la cultura política mexicana.
La realidad es que los principales afectados por ese encono político son los guerrerenses. Nuestra apuesta es que las relaciones entre el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sean lo suficientemente institucional en función de sus investiduras que ostentan y velen por el verdadero bienestar de un pueblo tan rico por su riqueza natural y tan pobre por la pésima condición de vida de miles de familias como es Guerrero.
El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Sería lamentable que las relaciones institucionales entre el gobierno federal y estatal se corrompan a causa de la lucha por el poder. La vida institucional en los tiempos modernos exige una nueva práctica política y nueva visión en el ejercicio del gobierno.
La investidura del presidente de la República es la más relevante en cuanto a que en su persona reúne la suma de voluntades de las mayorías que lo han elegido. Pero también es importante la investidura del gobernador del estado.
Desafortunadamente, la mala gestión o las conductas inapropiadas de presidentes y gobernantes en la era democrática han ido deteriorando la investidura institucional. Con actitudes destempladas, caprichosas y hasta inmaduras, los jefes de Estado han sido los principales responsables de ello.
Una realidad que deben comprender quienes ejercen la titularidad del Poder Ejecutivo es que, en ese cargo, los límites entre conductas públicas y privadas son muy tenues y permeables: sus conductas públicas suelen afectar su ámbito privado y familiar; y, a la inversa, los deslices privados restan credibilidad a su actuación pública.
Dicho esto, se debe afirmar que el hecho de que el propio mandatario falte el respeto a su investidura, no justifica que los demás, y mucho menos miembros de otro poder del Estado, contribuyan al desprestigio que, más que a la persona, afecta a la institución que representa.
Ahora bien, debería ser un motivo de reflexión que deja este episodio con relación al tema de la falta de liderazgo, que deviene de una conducta personal disuelta por escándalos de corrupción e incoherencias políticas, y de una gestión pública vacilante e incompetente.
Por esta razón cuando un presidente o gobernador toma la investidura institucional, debe estar claro que su actuar no tiene que ver sólo con su persona, sino con el cargo que ostenta, y en tal escenario debe ser una conducta honesta, íntegra, con altas bases morales, con apertura al pueblo, con transparencia y con humildad.
Los errores fueron míos, los aciertos de Dios, sonría, sonría y sea feliz
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