* Según la legisladora Mariana García, el objetivo es frenar la opacidad en el manejo de los recursos que se destinan al pago de la propaganda gubernamental en medios

Carlos Navarrete

La diputada de Morena, Mariana García Guillén, presentará este jueves una iniciativa para crear la Ley de Comunicación Social del Estado de Guerrero, con la que pretende frenar la opacidad con la que se maneja el presupuesto destinado a pagar la propaganda gubernamental en medios de comunicación.
Dicha Ley busca también que las direcciones de Comunicación Social de las diferentes instituciones, no utilicen el recurso etiquetado a medios de comunicación para intentar controlar lo que estos publican, o para que atiendan a intereses personales y políticos.
En entrevista que concedió al portal Bajo Palabra, García Guillén negó que con esa iniciativa se quiera imponer “mordazas” a periodistas o medios de comunicación, y dijo que no atenta contra el derecho a la libertad de expresión.
“Lo que queremos es erradicar la opacidad en los recursos públicos, hay un presupuesto en Comunicación Social muy grande en el estado, se invierte demasiado dinero (…) son recursos públicos que deben fiscalizarse, transparentarse y se deben rendir cuentas”, señaló.
Aseguró que con esa iniciativa, que se presentará en la sesión de hoy, busca que los medios de comunicación no sean plataformas que atiendan intereses personales o políticos, también dijo que busca fortalecer las líneas editoriales para que las empresas periodísticas no se sientan obligadas “a rendirle cuentas a un patrón, partido político o a un personaje”.
La iniciativa de Ley de Comunicación Social del Estado establece elaborar un padrón estatal de medios de comunicación, a fin de que lo sujetos obligados que pretendan destinar un presupuesto a publicidad institucional, cuenten con un concentrado que les permita verificar que empresas periodísticas cumplen los requisitos, filtros y protocolos para ese efecto.
De igual forma, propone que los medios de comunicación que proporcionen información falsa para su registro ante el Padrón Estatal, serán acreedores a una multa hasta de dos mil salarios mínimos equivalente a 176 mil pesos.