DOLIA ESTÉVEZ*
Casi tres décadas tardó Ernesto Zedillo en reconocer públicamente que siguió una política sobre drogas equivocada. Ante ex estadistas extranjeros reunidos en la Ciudad de México, lamentó el resultado que ha dejado la represión y criminalización, y su secuela de “terrible violaciones de derechos humanos”. Apostó por la regulación de los estupefacientes en lugar de la prohibición (SinEmbargo 24/09/2018).
Lo que no dijo el ex mandatario es que la estrategia que hoy considera errada fue, y sigue siendo, impuesta por Estados Unidos. Intentar cambiarla se toparía con la poderosa oposición del ineludible vecino. El mismo día de la mea culpa de Zedillo, un agresivo Donald Trump demandaba mayor cooperación internacional para la fallida política. Para combatir el consumo y la producción de drogas con las mismas herramientas punitivas que provocaron la muerte de 234 mil mexicanos, Trump pidió a los países firmar su “Llamado Global a la Acción sobre el Problema Mundial de las Drogas”. Luis Videgaray no tardó en satisfacer su petición.
Pese a la tendencia internacional a favor de la regulación, el país líder en consumo de drogas ilegales en el mundo está cerrado a explorar otras opciones. Sólo una docena de estados, los más progresistas, han despenalizado el consumo de marihuana para uso medicinal y recreo. Revocar la ley federal que prohíbe el consumo de cualquier droga ilegal a nivel nacional es una posibilidad remota y políticamente inviable.
Cambiar el estatus quo pondría en riesgo el contubernio que Washington históricamente ha tenido con el crimen organizado. A diferencia de México, el poder político y militar del gobierno estadounidense rebasa en creces al de las estructuras del crimen organizado. Estados Unidos decide cuando los narcos son buenos o son malos. Y cuando los usa de herramienta para alcanzar objetivos geopolíticos y de política exterior.
Si bien la colusión gobierno-crimen organizado data de la pos segunda guerra mundial y cobra fuerza durante la guerra fría, en México no es hasta la década de los ochenta–cuando el país atraviesa por una severa crisis financiera que le resta soberanía–que Estados Unidos se vale del narcotráfico para afianzar el control sobre los gobiernos priistas.
Abundan los ejemplos de cómo el narcotráfico ha sido y sigue siendo útil a la supremacía estadounidense. En los ochenta, la CIA colaboró con el cartel de Guadalajara en el intercambio de drogas por armas para la contra nicaragüense. Contrató pilotos que llevaban y traían avionetas cargadas de drogas y armas que despegaban de pistas controladas por el cartel de Guadalajara en el estado de Jalisco.
El operativo secreto, supervisado desde la Casa Blanca, contó con la obsequiosa facilitación logística y con personal de apoyo de la DFS por la época en que Manuel Bartlett era Secretario de Gobernación. Enrique Camarena fue asesinado–presuntamente por órdenes de la CIA o con anuncia de ésta—porque descubrió la colusión entre la agencia de espionaje, el cartel de Guadalajara, el gobierno de Miguel de la Madrid y la Mossad para abastecer a la contra nicaragüense.
Lawrence Víctor Harrison, cuyo nombre verdadero es George Marshal Davis, asegura haber sido testigo y protagonista de ese negro episodio. Harrison, quien vive en la semiclandestinidad en California, fue enviado a México por la CIA en los sesenta en calidad de “ilegal” (espía ultra secreto que se hace pasar por ciudadano del país al que es asignado similar a los agentes rusos en la popular serie The Americans de Netflix). Con el interés de garantizar el buen desarrollo del operativo secreto, que estalló en el escándalo Irangate, la CIA reubicó en Guadalajara a Harrison (Eclipse of the Assassins, University of Wisconsin Press, 2015).
En años recientes, la DEA cultivó una “relación especial” con el cartel de Sinaloa, al que consideraba menos violento que los otros. Según testigos, el grupo criminal de El Chapo Guzmán daba información sobre sus rivales a la DEA a cambio de protección. El arreglo con la DEA dio libre acceso al cartel de Sinaloa al mercado estadounidense (Corte Federal del Distrito Este de Illinois, caso Estados Unidos v. Zambada Niebla, 2011).
Washington inventa, alienta y financia estrategias antinarcóticos más para proyectar su superioridad política, militar y financiera sobre gobiernos sumisos que para combatir el narcotráfico. Doce años de Iniciativa Mérida, el presunto acuerdo de cooperación que permitió a Estados Unidos expandir las operaciones de la DEA, la CIA y la ATF en México, han resultado en más muertos, más desaparecidos y menos soberanía. Los gobiernos del PRI y del PAN han sido peones de los intereses de política exterior de Estados Unidos. La guerra a las drogas es la coartada perfecta para intervenir.
Hoy los carteles tienen más fuerza bélica y presencia territorial que cuando Felipe Calderón pactó con George W. Bush “compartir responsabilidades” en el combate a los carteles. México pone los muertos y Estados Unidos las armas y los dólares. Es hora de decir no más a Washington. Es hora de explorar alternativas de regulación y despenalización. Es hora de recuperar la soberanía nacional. Que la vecindad no nos inmovilice.
Twitter: @DoliaEstevez
*Columnista invitada