* El activista reveló que Olga Sánchez y Alejandro Encinas les informaron que ya oficializaron la petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el regreso de ese grupo de especialistas
Redacción
Colaboradores del presidente electo Andrés Manuel López Obrador solicitaron formalmente el regreso de los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigaron la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
Esto lo informó el abogado de los familiares de los jóvenes desaparecidos en 2014 y director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Mario Patrón, quien reveló que la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el que será el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, “ya formalizaron una solicitud de regreso del GIEI” a la CIDH.
“Lo que nos refieren (ambos colaboradores de López Obrador) es que ha solicitado el nuevo gobierno que la Comisión Interamericana siga en una labor de asistencia y cooperación mediante el regreso del GIEI”, señaló el activista.
El abogado aseveró que en la pasada visita de la CIDH —durante la cual la relatora para México, Esmeralda Arosemena, presentó un informe en la escuela para maestros de Ayotzinapa— hubo una “primera reunión” entre integrantes de dicho organismo con Sánchez Cordero y Encinas.
Asimismo, en el encuentro que está programado entre los padres de los 43 jóvenes y el presidente electo se prevé que también estén presentes tanto la CIDH como Naciones Unidas.
La investigación que realizaron los expertos del GIEI durante su mandato en México desmontó la versión oficial de la Procuraduría General de la República, que indica que los estudiantes fueron detenidos por policías corruptos de Iguala y entregados a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en el basurero de Cocula, y sus restos arrojados al río San Juan.
Además, el GIEI recomendó que se investigue la probable participación de elementos del Ejército y de la Policía Federal en los hechos de violencia ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
Los expertos internacionales señalaron las numerosas inconsistencias del relato oficial —como la imposibilidad de que los 43 jóvenes fueran quemados en el basurero— y las irregularidades de la investigación, entre ellas evidencias de tortura a los detenidos.
Después de que el GIEI se despidiera del país en 2016, la CIDH anunció que pondría en marcha un mecanismo de seguimiento para acompañar la investigación del caso.
“El mecanismo de seguimiento formalmente se vencería el último día de este año”, indicó Patrón, quien añadió que con la solicitud de López Obrador “se buscaría refrendar el mecanismo de seguimiento, incorporando al GIEI”.
Además, un tribunal colegiado resolvió hoy que hay bases legales para crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia sobre el caso Ayotzinapa, dado que “no existe imposibilidad jurídica”, como había referido la sentencia de otro órgano judicial.