* El ombudsman nacional, Raúl González, dijo que no se pueden esperar a que lleguen nuevas autoridades para atender los problemas de los ciudadanos
ANA LILIA TORRES
ACAPULCO.— El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno a atacar el problema de la pobreza “hasta el último día de su mandato” y no esperar a que entren en funciones las nuevas autoridades.
“El llamado que hacemos desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos a las autoridades de los tres niveles de gobierno a nivel nacional es que no tenemos que esperar a que entren nuevos gobiernos; la responsabilidad es hoy y hasta el último día de los mandatos de los gobiernos federal, estatales y municipales”, expresó.
Durante la presentación del estudio ‘Derechos humanos y pobreza. Políticas públicas Frente a la pobreza con la perspectiva de derechos humanos del artículo uno constitucional’, el presidente de la CNDH expuso que en Guerrero hay dos millones de habitantes en pobreza y 825 mil en pobreza extrema.
Dijo que las personas en pobreza representan el 65 por ciento de la población total de Guerrero y las que se encuentran en pobreza extrema el 35 por cierto, concentrando de ese modo el 36 por ciento de pobreza nacional.
González Pérez añadió que a nivel mundial y nacional, las estrategias no han sido eficaces para combatir este problema que sigue creciendo y se ha vuelto una de las más grandes violaciones a los derechos humanos.
En la presentación del estudio, en la que se aportaron datos de
Guerrero y cuatro municipios de la Costa Grande: Coyuca, Tecpan, Atoyac y Benito Juárez, relacionados a falta de acceso a servicios de salud y deserción escolar, estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame; Enrique Pasta Muñuzuri, presidente de la Fundación para la paz en Guerrero, y Rogelio Gómez Hermosillo, asesor de Acción ciudadana frente a la pobreza.
En su mensaje, el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame reconoció que es una realidad que Guerrero ocupa el tercer lugar en pobreza a nivel nacional, y que éste problema es ancestral y una llamada de atención para las autoridades.
El ombudsman dijo en su intervención que las autoridades actuales tienen que atender el fenómeno de pobreza, porque cuando rindieron protesta al cargo juraron cumplir con la Constitución y la vigencia de los derechos humanos.
“Por eso hoy las autoridades de los tres niveles de gobierno vigentes tienen responsabilidades que no cesan hasta el último día de su mandato y las autoridades que ya están en el trabajo del proceso de transición tienen que generar sus hojas de ruta para cumplir con estas obligaciones”, sostuvo.
Sobre la iniciativa que aprobó el Congreso del Estado para legalizar el cultivo de la amapola con fines medicinales, González Pérez señaló que para combatir los tres binomios que representan grandes flagelos, pobreza y desigualdad, violencia e inseguridad, y corrupción e impunidad, se requieren nuevas políticas públicas.
“Y esta propuesta que se está planteando debe ser estudiada con seriedad, no nos podemos negar a cualquier posibilidad que pueda incidir” en un cambio positivo, “sin perder tampoco la perspectiva de salud pública”, señaló.
Consideró que la propuesta debe analizarse de manera integral de modo que tome en cuenta los aspectos de violencia e inseguridad, y sin que se pierda de vista el factor de salud pública.
El presidente de la CNDH urgió también a atender el fenómeno de familias desplazadas por la violencia en estados como Guerrero y anunció que presentará un anteproyecto de ley a la nueva legislatura que entrará a partir de septiembre para atender a las personas desplazadas por la violencia, “porque es un tema que nos preocupa y nos ocupa”.
Dijo que el tema de la violencia ha sido un factor de desplazamiento forzado de personas, “y es más lacerante cuando hablamos también de pueblos y comunidades indígenas como ocurre en estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero”.
Además, se refirió también a la necesidad de modificar el salario mínimo en México, ya que dijo que también el bajo ingreso vulnera los derechos humanos de 53 millones de mexicanos que viven en condiciones de pobreza.
Los participantes coincidieron en que la pobreza es una condición socio histórica de carencia de ingreso y falta de acceso a satisfactores y servicios, por lo para atacarla se requiere una solución multifactorial.