* El 20 de agosto de 2009, el que era entonces presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado fue asesinado al salir de su casa y hasta ahora su crimen no ha sido resuelto
Jesús Saavedra
Al cumplirse hoy 9 años del asesinato de quien era entonces presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado, Armando Chavarría Barrera, el caso no ha sido resuelto y la principal línea de investigación que sostiene la Fiscalía General del Estado (FGE) es que el asesinato fue ordenado y ejecutado por un grupo guerrillero, lo cual no es aceptado por la familia del extinto político perredista.
Luego de haber sido secretario de Gobierno en los primeros años de la administración de Zeferino Torreblanca Galindo, Chavarría Barrera fue diputado local por la vía plurinominal en 2008 y encabezó a la fracción parlamentaria del PRD en esa legislatura, lo que le permitió asumir la Presidencia de la Comisión de Gobierno del Poder Legislativo.
El perredista había consolidado su liderazgo político en el PRD a través de su corriente el Polo Guerrerense de Izquierda (PGI), desde donde operaba para ser el candidato a gobernador de Guerrero en el proceso electoral 2010-2011.
En ese contexto, Chavarría Barrera preparaba un festejo “en grande” por su cumpleaños, el 27 de agosto, en el Salón Cuicalli, que sería, según algunos de sus cercanos colaboradores, su destape para ser candidato a gobernador del PRD.
Semanas previas a su asesinato, Chavarría Barrera pronuncio un duro discurso desde la tribuna del Congreso del Estado en el que criticó severamente al gobierno de Torreblanca Galindo, por el asesinato de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco de Ayutla.
Ese hecho evidenció una ruptura política con el entonces gobernador, con quien tuvo serios diferendos cuando ambos se disputaron la candidatura del PRD a la gubernatura en 2005, tras lo cual negociaron que Chavarría Barrera sería secretario de Gobierno.
Ese discurso fue suficiente para que Zeferino Torreblanca ordenara a la entonces Procuraduría General de Justicia que le retiraran al diputado el grupo de escoltas de que le brindaban seguridad.
La mañana del jueves 20 de agosto del 2009, Chavarría Barrera iniciaba sus actividades cotidianas y se disponía a acudir muy temprano a un gimnasio ubicado en el centro de esta capital.
El diputado local alcanzó a subirse a un automóvil Bora color gris de su propiedad, cuando salía de su domicilio ubicado en la colonia Lomas del Diamante, al sur de esta ciudad, pero un pistolero ya lo esperaba, se le acercó y le disparó a corta distancia en varias ocasiones, y para asegurar su trabajo tuvo el tiempo de darle un disparo directo en la frente a Chavarría Barrera, cuyo cuerpo sin vida quedó recostado del lado del copiloto dentro del auto.
Este lunes se realizarán diversas actividades para conmemorar nueve años de ese crimen. Muy temprano en el panteón central, más tarde en el Congreso del Estado y finalmente en un parque en la colonia Periodistas de esta ciudad que lleva su nombre.
Han transcurrido nueve años y más de una docena de procuradores o fiscales de Justicia han tenido en sus manos el expediente integrado por ese homicidio, pero no han podido resolver el asesinato y mucho menos consignar a una sola persona.
En julio del año pasado, el entonces titular de la FGE, Xavier Olea Peláez, compareció ante los diputados locales, quienes le preguntaron sobre las investigaciones por el asesinato de Armando Chavarría. Entonces el fiscal se comprometió a que en tres meses daría a conocer quiénes habían ordenado y ejecutado ese crimen.
Incluso se filtró a los medios que la indagatoria señalaba de manera directa a que miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) habían ordenado el homicidio del perredista, para lo que habían contratado a unos supuestos pistoleros en Tlapa.
Esa versión la conocieron los familiares de Armando Chavarría a través de los medios de comunicación, lo que provocó fuertes críticas contra Olea Peláez.
A nueve años, Marta Obeso Cazares viuda de Armando Chavarría sigue insistiendo que se investigue el móvil político en este asesinato e incluso ha señalado como responsable al ex gobernador Torreblanca Galindo.