* En conferencia de prensa, denunciaron que ese instrumento diseñado para combatir la violencia contra las mujeres, es inoperante en el estado porque no hay capacitación del Comité Técnico
CARLOS NAVARRETE
Organizaciones feministas denunciaron que el Protocolo Alba, del que se integró su comité técnico en julio de 2016 para la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas, no se ha aplicado ni una sola ocasión en Guerrero, además señalaron que hay corrupción en la operación del Banco Estatal de Datos que está a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE).
En la primera conferencia de prensa, de cuatro programadas en el transcurso de esta semana, correspondiente a la Jornada Informativa tras la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la sustentación del Informe de México, celebrada el 6 de julio en Ginebra, Suiza, activistas fijaron postura respecto a la falta de resultados en las políticas públicas diseñadas para erradicar la violencia contra las mujeres en Guerrero.
Las feministas ofrecieron una conferencia de prensa en las instalaciones del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), en la que participaron representantes del Grupo Interdisciplinario para la Igualdad, de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Mujeres Guerrerenses por la Democracia, Aliadas por la Justicia, Zihuame Xotlametzin y Kinal Antzetik.
Marina Reyna Aguilar, quien encabeza la Asociación Guerrerense contra la Violencia y es promotora de la alerta por violencia de género decretada en ocho municipios de la entidad el año pasado, explicó que su pronunciamiento corresponde a las recomendaciones que hizo el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) ante los problemas que enfrentan las mujeres en territorio mexicano.
Afirmó que una de las preocupaciones del CEDAW, son los obstáculos persistentes para evitar la aplicación efectiva de la alerta por violencia de género en los niveles federales, estatales y municipales, así como la violencia perpetrada por el estado y actores no estatales contra las mujeres lesbianas, bisexuales y personas transgénero.
La activista advirtió que cuando las instituciones no actúan en el marco de su responsabilidad, esa omisión se convierte en violencia institucional, y recriminó que en Guerrero el Banco Estatal de Datos no esté funcionando a pesar de que se instauró desde 2008.
Reyna Aguilar afirmó que el uso limitado de los datos estadísticos sobre la violencia contra las mujeres, desglosado por tipos, y la relación entre el perpetrador y la víctima, entre otra información que debería arrojar el Banco Estatal de Datos, es un evidente caso de omisión.
“Ha sido un motivo para justificar la erogación de gastos sin ningún resultado concreto. A esto se le llama simulación, violencia institucional, desvío de recursos y corrupción, cuando esta herramienta debería utilizarse para establecer políticas públicas más asertivas de prevención, atención y sanción de la violencia de género contra las mujeres y las niñas”, argumentó.
En la ronda de preguntas y respuestas, Reyna Aguilar explicó que en un informe proporcionado por el gobierno estatal, se afirma que se han aplicado miles de pesos en capacitación para la operación del Banco de Datos, sin que esto se vea reflejados los resultados.
Del Protocolo Alba comentó que no se ha aplicado este mecanismo en ningún caso de desaparición de mujeres en Guerrero, esto a pesar de que su Comité Técnico se instaló el 18 de julio de 2016, acto en el que se informó que tendrá el objetivo de buscar y encontrar a mujeres, jóvenes y niñas que estén desaparecidas “o ausentes”, como una medida para erradicar la violencia de género.
Señaló que ese Comité Técnico Interinstitucional Protocolo Alba Guerrero está integrado por 12 dependencias estatales: la Secretaría General de Gobierno, la de Desarrollo Social, Seguridad Pública, Protección Civil, Educación, Salud, Fomento Turístico y la de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.
También por la Secretaría de Asuntos Indígenas, la de la Mujer, la de Migrantes y Asuntos Internacionales, además del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). De los organismos autónomos participarán la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Codehum) y la FGE.
Al respecto, Marina Reyna señaló que la organización que preside ha dado seguimiento a dos casos de mujeres desaparecidas, en el que no se aplicó ese protocolo “porque no están capacitados”.
Durante el pronunciamiento, se informó que en Guerrero el año pasado ocurrieron 219 homicidios dolosos contra mujeres en Guerrero, de los cuales sólo 13 fueron clasificados como feminicidios, mientras que de enero a la fecha ya suman 137 asesinatos de mujeres.
De acuerdo con datos proporcionados por las fiscalías estatales, de enero de 2014 a junio de 2016 se reportó la desaparición de 10 mil 157 mujeres en sólo 12 estados del país, la mayoría de ellas menores de edad, mientras que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas reportó que de 2008 a 2017, 625 mujeres fueron encontradas sin vida posterior a la denuncia de su desaparición.
Ante este escenario, consideraron necesario que se apliquen sanciones a los titulares de las dependencias federales, estatales y municipales que han sido omisos en sus responsabilidades.