* Miembros de esa organización que opera las policías comunitarias pidió a los diputados que la iniciativa presentada por el Ejecutivo sea analizada por la próxima legislatura, en la que Morena tendrá mayoría
Carlos Navarrete
Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), solicitaron a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado que la iniciativa de reforman al artículo 14 de la Constitución, con la que se pretende regular a las policías comunitarias que tienen presencia en la entidad, sea resuelta en la próxima legislatura.
Ayer al mediodía, los representantes de la CRAC se reunieron con los diputados Héctor Vicario Castrejón, del PRI; Carlos Reyes Torres, del PRD; Eduardo Ignacio Neil Cueva Ruiz, del PVEM; Iván Pachuca Domínguez, del PAN; María de Jesús Cisneros Martínez, de Morena; Freddy García Guevara del PT; quienes son integrantes de la Jucopo. El encuentro se celebró en la biblioteca Siervo de la Nación, que se localiza dentro de la sede del Legislativo.
Advirtieron que en caso de que se apruebe la reforma al artículo 14 que envió el gobernador Héctor Astudillo Flores, habrá movilizaciones en todo el estado, pues aseguraron que la iniciativa del Ejecutivo atenta en contra de los derechos de las comunidades indígenas, así como de su derecho a la libre autodeterminación, principalmente en materia de seguridad e impartición de justicia.
Francisco Santos Martínez, consejero de la CRAC, le pidió a los diputados locales que “no se toque” el contenido de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos, Cultura y Organización de los Pueblos y Comunidades Indígenas, y que su homologación con la Constitución la lleve a cabo la próxima legislatura, en la que Morena será la fracción parlamentaria que tenga mayoría.
Recordó que el surgimiento de la Policía Comunitaria de la CRAC fue motivado por el incumplimiento de las autoridades de ofrecer seguridad a los pueblos indígenas del estado, por lo que llamó a que se respete su autonomía y no atenten en contra de la organización.
“Yo veo que la reforma a la Constitucional afecta a los derechos que se otorgan por la constitución federal y los convenios internacional, sino se va a mejorar, que no se toque, vamos a tratar de trabajarlo con la nueva legislatura que va a entrar. Aquí yo quiero exigir a ustedes que se respete la cultura, que se respete esta forma de organización, la autonomía, para que se ejerza esa manera de organización y de trabajo, estamos haciendo la tarea que le toca al gobierno”.
Por otro lado, Juan Orta Cruz, recriminó que los miembros de la CRAC han sido víctimas de la criminalización, pues 25 de ellos permanecen en la cárcel, incluido el coordinador en Tixtla, Gonzalo Molina González, quien está preso en el reclusorio de esta capital.
Santos Martínez afirmó que el trato que el gobierno del estado y la federación han tenido con la CRAC no es el mismo con otras organizaciones como la policía comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) o el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), quienes a pesar de estar involucrados en varios enfrentamientos en los que han muerto personas, no hay ningún detenido.
Precisó también que la CRAC no utiliza armas prohibidas o de uso exclusivo del ejército, además de que mantiene coordinación con las corporaciones policiacas del estado para brindar seguridad en las zonas indígenas, además de que su actuar no depende de los recursos económicos que puedan recibir de las autoridades. Por todo ello, afirmó que la CRAC es una organización confiable.
“Esperemos que ustedes diputados que ya van de salida estén a la altura y que permitan que otros sean los que retomen esta iniciativa que ustedes ya trabajaron para que entonces se puedan plasmar los derechos indígenas”.
En respuesta, el presidente de la Jucopo y coordinador parlamentario del PRI, Héctor Vicario, afirmó que la reforma al artículo 14 de la Constitución no violenta los derechos de los pueblos indígenas, y se comprometió a que el Congreso considerará la postura de la CRAC en el proceso de análisis de esa iniciativa.
También defendió la propuesta del Ejecutivo con el argumento de que es cumplimiento a una recomendación de la Comisión Nacional de los Derecho Humanos (CNDH), pero el ex coordinador de la CRAC, Juan Martínez Altamirano, dijo que no estaba satisfecho con la explicación, además de que no confiaba en los diputados.
En la próxima Legislatura local, la mayoría en el Congreso la tendrá Morena, partido que postuló como candidata al Senado de la República a Nestora Salgado García, quien en 2013 fue comandante de la policía comunitaria en Olinalá, afín a la CRAC, y estuvo presa por el delito de secuestro tras haber privado de su libertad a más de 40 personas, a las cuales mantuvo dentro de una casa de justicia en Ayutla ese mismo año.