* El ombudsman dijo estar a favor de “cualquier acción que nos lleve a encontrar la verdad” tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala
* Sin embargo, señaló que la resolución del tribunal con sede en Reynosa, Tamaulipas, “choca” con lo dispuesto en la Carta Magna respecto a las atribuciones del Ministerio Público
Rosario García
El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), Ramón Navarrete Magdaleno, consideró que no hay fundamento jurídico para la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia para el Caso Ayotzinapa, como lo ordenó un Tribual Colegiado de Circuito con sede en Tamaulipas, a principios de junio pasado.
El ombudsman de Guerrero dijo estar de acuerdo en que se realice “cualquier acción que nos lleve a encontrar la verdad y garantizar la justicia a las víctimas”, en el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que permanecen desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014, pero recordó que “no tenemos buenos antecedentes de las comisiones de esa naturaleza” para otros casos.
Navarrete Magdaleno reiteró que “cualquier intento por resarcir los derechos de las víctimas es importante”, porque “estamos a favor de que se haga justicia a las víctimas, no tan sólo en el Caso Ayotzinapa, sino a todas en general”.
Sin embargo, precisó que la creación de esa Comisión de la Verdad como la planteó el Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, “choca” con lo dispuesto en nuestra Carta Magna.
En ese sentido, hizo referencia al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que explica que la investigación de los delitos corresponde única y exclusivamente a la Fiscalía y que la imposición de penas solo corresponde al Poder Judicial.
El Tribunal Colegiado del 19º Circuito ordenó en su fallo la creación de una Comisión de la Verdad y la Justicia que estaría integrada por los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público de la Federación, pero las líneas de investigación serían propuestas por los propios familiares de las víctimas.
Navarrete Magdaleno expresó que el artículo 21 constitucional “en ningún caso establece que las comisiones de derechos humanos tengan esa facultad” de investigación, como tampoco la tienen las organizaciones sociales, sostuvo.
Finalmente, lamentó que se juegue con el dolor de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y de la sociedad con “este tipo de argumentación jurídica que no tiene certeza y que ofrece esperanza sin sustento legal”.