* Ahora fue el Tribunal Unitario de Tamaulipas el que señala que “tanto la PGR como la CNDH arguyeron imposibilidad jurídica para cumplir” la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito emitida el mes pasado
REDACCIÓN
Un magistrado federal suspendió este miércoles, por tiempo indefinido, el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Tamaulipas, que ordena la creación de una Comisión de la Verdad y la Justicia para investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La decisión del magistrado Sabino Pérez García, titular del Tercer Tribunal Unitario también con sede en Tamaulipas, se da después de que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dijeron que existe imposibilidad jurídica para cumplir con la sentencia, informó el diario Reforma.
“Tomando en cuenta que tanto la PGR como la CNDH arguyeron imposibilidad jurídica para cumplir con el fallo protector en lo que les atañe (integrar la Comisión de Investigación), una al promover el incidente respectivo y la otra al desahogar la vista concedida con motivo de este incidente, es por ello que para las mencionadas autoridades, así como para el presidente de la República y la Cámara de Diputados, se suspende el trámite de ejecución de cumplimiento de la sentencia de amparo”, determinó el magistrado Pérez García.
La suspensión estará vigente hasta que se resuelva el incidente de imposibilidad de cumplimiento que argumentan la PGR y la CNDH.
La CNDH aclaró su posición a través de una nota informativa y afirmó que “ha estado y estará en favor de que se conozca la verdad” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en Iguala, en septiembre de 2014, y que, aunque no es parte en los juicios de amparo referidos, atenderá las sentencias.
La actuación de la CNDH consistió en desahogar la vista ordenada por el Tribunal respecto del incidente de imposibilidad promovido por la PGR. La Comisión reiteró que colaborará, como lo indica la sentencia, en el ámbito de su competencia y autonomía.
Por su parte, Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que la pretensión del Ejecutivo federal al frenar la sentencia judicial de crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del caso Iguala, “mina y trastoca” el Estado democrático de derecho.
En declaraciones a La Jornada, el activista consideró que “estamos en la postrimería de un conflicto que va a trascender del Tribunal Unitario de Reynosa, Tamaulipas, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.