* El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Jan Jarab, calificó como “inédita y garantista” la sentencia del Tribunal Colegiado con sede en Tamaulipas por un amparo interpuesto por varios de los inculpados, miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos
Jesús Saavedra
La oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH) consideró que el gobierno de Enrique Peña Nieto se encuentra en “una nueva oportunidad para redirigir de manera profunda la investigación del caso Ayotzinapa y materializar transformaciones de fondo en el sector de la justicia en México”.
A través de un comunicado fechado en la Ciudad de México, esa oficina de la ONU fija su postura luego de haber analizado de “manera exhaustiva” el Informe del Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, a un ampara interpuesto por varios de los inculpados por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
Considera que la administración de Peña Nieto “debe observar puntualmente sus contenidos, los cuales brindan una nueva oportunidad para redirigir de manera profunda la investigación del caso y materializar transformaciones de fondo en el sector de la justicia en México”.
Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México, señala que el informe de la CIDH “reconoce ciertos avances, pero sobre todo resume de manera contundente las preocupaciones sobre el rumbo de la investigación” realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el caso.
Dijo que es “especialmente llamativo que la investigación siga fragmentada y que los detenidos en el más emblemático caso de desaparición forzada en México no estén siendo procesados por desaparición forzada, sino por secuestro o crimen organizado”.
Por ello sostiene que la ONU-DH “coincide plenamente con la conclusión de la CIDH, en el sentido de que persisten serios desafíos y obstáculos que tienen que superarse con el fin de alcanzar verdad, justicia y reparación” en este caso.
Respecto a “la inédita y garantista sentencia del Tribunal Colegiado”, consideró que se trata de “la reafirmación, por parte de una alta instancia judicial mexicana, de las preocupaciones expresadas reiteradamente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, por algunos organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo a la ONU-DH, y por organizaciones independientes como el Equipo Argentino de Antropología Forense”, por la investigación realizada por la Procuraduría General de la República.
Señala que la ONU-DH “concuerda con el cuadro manifiesto de graves irregularidades, al que hace referencia de forma detallada la sentencia, mismo que se acreditó aplicando los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
Añade que “es particularmente relevante que el contenido de su Informe ‘Doble Injustica’ haya sido retomado por el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH y por la sentencia del Tribunal Colegiado, especialmente en lo relativo a la tortura, las violaciones al debido proceso y las irregularidades en la diligencia del río San Juan. La ONU-DH reitera su llamado al Estado mexicano a atender las recomendaciones de su Informe”.
Considera que el informe del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH y la sentencia definitiva del Tribunal Colegiado “deben alentar decididamente al Estado mexicano a enderezar la investigación del caso Ayotzinapa, así como a materializar las reformas estructurales que el país debe adoptar de manera impostergable para revertir los grandes rezagos que enfrenta en los ámbitos de acceso a la justica y combate a la impunidad, especialmente en relación con la autonomía y la profesionalización de la procuración de justicia y los servicios forenses y periciales”.
“La atención al contenido del informe del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH y el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Colegiado deben realizarse potenciando el papel de las víctimas, reconociendo el destacado papel de quienes las asesoran, garantizando el marco constitucional e internacional vigente y asumiendo plenamente la responsabilidad indelegable e intransferible del Estado en el esclarecimiento de los hechos”, agrega Jan Jarab.
La oficina de la ONU reiteró su “reconocimiento a la tenacidad de las familias de las víctimas de los hechos de Iguala, así como a las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan en la búsqueda de la justicia, la verdad, la reparación integral, las garantías de no repetición y el esclarecimiento de la suerte y el paradero de los estudiantes desaparecidos”.