* Similitudes entre Caso Iguala-Tonalá
* Desapariciones de jóvenes se reeditan
* Impunidad, esa es la constante perversa
Jorge VALDEZ REYCEN
Los más prestigiados columnistas y analistas de la prensa han abordado con profusa dosis de indignación, histeria, horror, hartazgo y rabia, las expresiones de dolor por la desaparición de tres estudiantes de artes cinematográficas, cuyos cuerpos presuntamente fueron disueltos en ácido por sicarios del crimen organizado en Jalisco, de acuerdo a las investigaciones preliminares forenses y criminalísticas de la Fiscalía de aquella entidad.
Dos de esos columnistas han ido más allá de las investigaciones oficiales y han dado detalles de las formas y cómo se pudo establecer el móvil de tan brutal y salvaje caso en Tonalá.
Por supuesto que ambos han sido certeros en precisar la similitud en los móviles de la desaparición de Los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, el 26 de septiembre del 2014, y lo ocurrido a los tres estudiantes que hacían un cortometraje de horror en una de las casas de seguridad de un cártel antagónico al de mayor hegemonía en Jalisco, sin saber nada.
El móvil o lo que motiva al delincuente a la comisión de un ilícito es lo que la autoridad ministerial (agente del MP, apoyado por peritos-científicos forenses e investigadores de la Policía Ministerial) desde que acude a dar fe ministerial observa, recolecta evidencias, recaba testimonios y abre la carpeta de investigación.
La similitud: los integrantes de Guerreros Unidos confesaron haber privado de la vida y quemado los cuerpos, para después sus cenizas y restos depositarlos en bolsas negras de plástico y arrojarlas al río San Juan, al sur de Cocula. Uno de los sicarios llevó personalmente al mismísimo Tomás Zerón de Lucio al sitio donde arrojó evidencia forense y hasta se logró encontrar restos de ADN en la indagatoria forense de peritos de Argentina, del GIEI y de la División Científica de la PF.
En Tonalá el hallazgo de un paraje donde había 46 bidones con ácido clorhídrico y la confesión del rapero-sicario han cerrado un cruel episodio de casos de multihomicidios estremecedores.
En los casos de Iguala y Tonalá el objetivo era desaparecer evidencias, confundir a investigadores, sembrar dudas entre familiares acongojados y responsabilizar a las autoridades. Sin la evidencia forense del cuerpo de la víctima, para la autoridad ministerial los victimarios podrían tener una coartada que les dé ventaja por la no comprobación de la imputación directa. Es decir: ¿cómo acusas a un imputado por confesión del homicidio y luego éste dice que fue obligado por tortura a declararse culpable? La ausencia de evidencia forense debilita al MP y esa motivación tuvieron los que ordenaron “desaparecer” a las víctimas.
Otra motivación –por cierto exitosa hasta ahora de los criminales, lamentablemente para conocedores de la ciencia criminal— es alcanzar la impunidad por parte de esos grupos delincuenciales. Y en eso consiste el enorme desafío a la autoridad, ya sea PGR o Fiscalías de todo el país.
Nos hemos enfrascado en determinar causales, pero no ir al fondo, en la reparación del daño y castigo a culpables. Esa es otra afrenta más. Y en eso radica el hartazgo, la desconfianza y falta de credibilidad de la sociedad, que constituye lo más sólido y verdadero en el daño moral a las instituciones de procurar e impartir justicia.
La vida de los jóvenes para esos grupos criminales no tiene valor. Es lo más deshumanizado y perverso que existe. Así se entiende, en la frialdad de un análisis, que las víctimas de esas desapariciones habrían sido confundidas, a priori, como parte de células incriminadas por la presunción de pertenecer a “contras”.
No hay revictimización, puesto que habrían acudido a sitios donde operaban sicarios: la terminal de autobuses de Iguala y la casa de seguridad donde filmaban los cineastas de Guadalajara, ya sea inducidos o con conocimiento de una o varias personas que los llevaron y sabían de lo que eran capaces los criminales.
Nos leemos… SIN MEDIAS TINTAS.