* En abanderado de la coalición PRD-PAN-MC a la alcaldía de Acapulco dijo que su equipo de trabajo lo integrará con gente “honesta”
* Sin embargo, presentó como colaborador al ex auditor Ignacio Rendón, quien estuvo envuelto en escándalos de corrupción mientras se desempeñó en ese cargo
ANA LILIA TORRES
ACAPULCO.— El candidato a la alcaldía de Acapulco de la coalición ‘Por Guerrero al Frente’, que integran PAN-PRD-Movimiento Ciudadano, Joaquín Badillo Escamilla, informó que se retira de la presidencia de la empresa de seguridad Jobamex para dedicarse de tiempo completo a la campaña electoral rumbo a la elección del primer domingo de julio próximo.
En conferencia de prensa, se comprometió a que de ser electo presidente municipal, bajo ninguna circunstancia contratará los servicios de seguridad privada de la empresa Grupo Jobamex, de la cual es fundador y presidente, y lo hizo ante el notario público número 10, Miguel Ángel García Maldonado.
Badillo Escamilla pidió detener la guerra sucia en su contra y salió al paso a las insinuaciones que sobre ese tema se han publicado, sobre todo en redes sociales y distintos medios de comunicación.
“Personas han querido confundir de manera dolosa, y hacer creer que Badillo va a llenar de guardias y seguridad privada todo Acapulco y que voy a lucrar con las empresas que represento desde hace 13 años”, reprochó el candidato de la coalición PRD, PAN y MC.
Estableció que al igual que en la precampaña, no impulsará estrategias de propaganda negra o guerra sucia en contra de sus adversarios, pues consideró que los candidatos y sus campañas deben demostrar respeto a la sociedad, y no contribuir con más violencia.
Afirmó que la circunstancia del municipio debe obligar a realizar campañas distintas, que le den certezas a la gente, esperanza de un verdadero cambio, y destacó que no ha sido con mentiras y difamaciones como ha ganado la confianza de no solamente de los acapulqueños, sino de los guerrerenses y en otros estados del país.
Joaquín Badillo se asumió como una persona pacifista y consideró que los debates y la apertura a los cuestionamientos en un marco de respeto, serán la mejor vía de realizar el escrutinio de los candidatos en esta contienda electoral.
El empresario acapulqueño afirmó que será respetuoso de la ley y que los ciudadanos tendrán la certeza de que su administración se regirá bajo los principios de responsabilidad, transparencia y cero tolerancia a la corrupción.
En su mensaje, manifestó que busca trabajar por una ciudad justa en la que se cumpla la ley, por lo que anunció su decisión de separarse de la administración de Grupo Jobamex para dedicarse de tiempo completo a la campaña electoral.
Y firmó ante el notario público número 10, Miguel García Maldonado, el compromiso de que no contratará los servicios de vigilancia o limpieza de su grupo empresarial una vez asumiendo la alcaldía.
Ignacio Rendón será su colaborador, anuncia Badilllo
Durante la conferencia de prensa, Badillo Escamilla aseguró que su equipo de trabajo estará integrado por gente “honrada” y adelantó que uno de sus colaboradores cercanos será Ignacio Rendón Romero, quien fue titular de la Auditoría General del Estado hasta 2011, cargo desde el cual se permitió una serie de privilegios económicos para llevar una vida cómoda y de algunos excesos, como esos paseos en yate con bellas jovencitas en diminutos trajes de baño cuyas fotografías fueron divulgadas en la prensa local.
De acuerdo con información publicada en diversos medios, Rendón Romero en promedio cobraba casi 150 mil pesos al mes, según informes que en su momento obtuvo la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la AGE del Congreso del Estado, además que se hizo propietario de una villa en el exclusivo club Mayan Palace y de un yate de 28 pies. También realizó compras en tiendas departamentales a nombre de la AGE, de productos ajenos a sus actividades como auditor, como bebidas alcohólicas, aparatos electrodomésticos y ropa de marca.
A su salida como auditor, en 2011, Rendón Romero se premió con una liquidación de 4 millones de pesos que, por lagunas de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero y la autonomía financiera de la AGE, no pudo impedirse.