* Entre los 16 exempleados que han demandado a ese organismo se encuentran los cínicos excomisionados Crescencio Almazán y Ernesto Araujo, así como Hipólito Mendoza, quien fuera secretario ejecutivo
Rosario García
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (Itaigro), durante los últimos cuatro años acumuló laudos a pagar por más de 2 millones de pesos.
En 16 juicios laborales interpuestos por extrabajadores del Itaigro, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) ha determinado que se paguen esos laudos por 2 millones 23 mil 538 pesos.
Entre quienes exigen con cinismo una indemnización a esa institución se encuentran ex colaboradores de primer nivel e incluso ex comisionados, entre ellos Ernesto Araujo Carranza, a quien según la JLCyA se le deben pagar 216 mil 556 pesos, a pesar de que tuvo dejar el cargo porque concluyó el periodo para el cual fue nombrado.
También se encuentra el ex comisionado, Crescencio Almazán Tolentino, quien dejó el cargo tras una impugnación a su nombramiento, y a pesar de ello la Junta de Conciliación ordenó indemnizarlo con 365 mil 837 pesos, bajo el argumento de despido injustificado.
Otra persona que demandó al Itaigro es Hipólito Mendoza Urbano, quien ocupó el cargo de secretario ejecutivo del Instituto, a quien se le deberán pagar 461 mil 173 pesos; a Miguel Ángel Antonio Radilla Zúñiga, 209 mil 316 pesos, y a Horacio Díaz Quiñonez, con 240 mil 731 pesos.
Este último caso sí que es signo de analizarse, debido a que Díaz Quiñonez no formaba parte de la estructura laboral, solamente otorgaba asesoría y realizaba algunos trabajos de manera externa al Itaigro, por lo que no había un contrato laboral de por medio.
Lo anterior fue confirmado por el comisionado presidente del Itaigro, Pedro Arzeta García, quien agregó que hay una real preocupación por parte de la actual administración porque este 2018 tiene un presupuesto de 13 millones 700 mil pesos, de los cuales más de 10 millones son para salarios.
Mencionó que otro caso es el del ex comisionado Joaquín Sánchez, quien está pidiendo una liquidación por 381 mil pesos, aun cuando la nueva Ley de Transparencia prohíbe ese beneficio para quienes concluyen su gestión como comisionados.
Pedro Arzeta dijo que ante la situación económica que enfrenta el instituto se buscará una reunión con el gobernador Héctor Astudillo Flores para ver la posibilidad de que oxigene ese órgano de transparencia con recursos extraordinarios.