Magaly Rodríguez
Integrantes de la organización “Gubernatura Nacional Indígena”, denunciaron al magistrado Gilberto Suárez Herrera y comisariados de Tlamamacán, municipio de Mártir de Cuilapan, de intentar despojar a una mujer de su propiedad, a pesar de contar con los títulos legales y legítimos.
Amalia Guevara Saavedra y Flores Allende Montiel, integrantes de la organización ofrecieron una conferencia de prensa para denunciar el intento del magistrado Gilberto Suárez Herrera, del Tribunal con sede en Iguala, distrito 51 y de los comisariados de San Juan Tetelcingo, Patricio Marcelo, Ramiro Gil García y Santos García Rivera, de intentar despojar a la señora Reyna Alarcón López, de un predio de alrededor de 600 metros.
Explicaron que hace algún tiempo la denunciante quedó viuda y enferma, poco a poco ha ido perdiendo la vista, al ver esto, los comisariados, en un intento por despojarla de su propiedad, interpusieron una denuncia en su contra, para ello han presentado incluso falsificación de firmas, así como documentos que se contradicen entre sí, con fechas distintas y no firmadas por los implicados, y a pesar de dichas irregularidades, tanto el magistrado como sus secretarios auxiliares, las han aceptado como buenas en este intento de despojar a toda costa a la señora.
“El magistrado dio cauce al juicio sin siquiera un documento que sustenten los comisariados, solo por ser comisariados de San Juan Tetelcingo”, recargó Allende Montiel, quien señaló que la intención de los comisariados es vender la propiedad para su beneficio personal, bajo el pensamiento de que al ser en este momento autoridad, les da el poder de hacer lo que quieran, aun sobre los derechos de los demás.
Los denunciantes solicitaron la apertura de una carpeta de investigación en contra los magistrados, sus secretarios asistentes, y los tres comisariados quienes a pesar de que la demanda cuenta con el título de propiedad real y legítimo, hacen todo lo posible por despojarla de su patrimonio, violando para ello, el debido proceso.
Acusaron que el abogado que le asignaron por parte de la Procuraduría del Campesino, es una persona déspota que no quiere hacer nada a favor de su defendida, cuando se supone que ellos están para atender a los grupos que más necesitan de acuerdo a sus derechos.
Amalia Guevara Saavedra señaló que apenas este miércoles se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y en ese marco, el gobierno del estado firmó tres convenios que se supone beneficiarán a las mujeres del estado, pero en este caso queda evidenciado que en el órgano que se supone, debe de garantizar el acceso a la justicia, algunos de sus miembros son los primeros en violentar el sentido de la ley, debido a la corrupción que impera en el sistema. (Notymás)