* “Debe quedar un claro ejemplo de que no se puede desviar el recurso de un organismo público de esta manera”, dijo Ricardo Mejía, de Movimiento Ciudadano
CARLOS NAVARRETE
Tras darse a conocer un probable desvío de recursos superior a los 188 millones de pesos en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), durante el ejercicio fiscal 2016, el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, Ricardo Mejía Berdeja, exigió a las autoridades correspondientes “actuar conforme a derecho” y sancionar a los responsables.
El también aspirante a la alcaldía del puerto dijo que es necesario enviar un mensaje a la población de que no se tolerarán acciones que violenten la ley, como el mal uso de los recursos públicos.
El jueves pasado, se informó que la Auditoría Superior del Estado (ASE) determinó que existe un daño patrimonial al erario por 188 millones 604 mil pesos en la CAPAMA, debido a que sólo se comprobaron 5 millones 972 mil pesos de los 194 millones 577 mil pesos observados durante una revisión financiera.
Al respecto, Mejía Berdeja comentó que está vigente el periodo para que la autoridad responsable resarza las irregularidades, pero advirtió que en caso de que no se compruebe el ejercicio de ese presupuesto, se debe proceder ante el Ministerio Público para iniciar el procedimiento legal correspondiente contra los responsables.
“Debe quedar un claro ejemplo de que no se puede desviar el recurso de un organismo público de esta manera y que no haya ninguna consecuencia”, aseguró.
Mejía Berdeja, quien ha denunciado públicamente actos de corrupción en la CAPAMA y ha sido un constante crítico del gobierno de Acapulco encabezado por el perredista Evodio Velázquez Aguirre, expresó que los resultados de la fiscalización de la ASE confirman que las personas que han estado al frente de esa paramunicipal han incurrido en acciones que violentan la ley.
“Esto confirma la corrupción y el manejo irregular financiero, administrativo, operativo y comercial de la dependencia que tanto hemos señalado desde el Congreso”, dijo.
El legislador explicó que el trabajo de la ASE, en lo que corresponde a la fiscalización, ha concluido, por lo que ahora la autoridad responsable del daño patrimonial debe defenderse y presentar pruebas que justifiquen el ejercicio del monto que no fue comprobado
Los funcionarios involucrados en la administración de la paramunicipal en 2016, que es el periodo fiscal en el que se detectaron las irregularidades, son el director general, Javier Chona Gutiérrez; el director de Finanzas y Administración, Guillermo Adolfo Galeana Salas; la directora de Gestión Ciudadana, Dalia Garzón Campos, y el director de Operación, Juan Antonio Ramírez Valle.