* Hugo Figueroa Fitz fue quien solicitó el permiso al Ayuntamiento de Taxco para la realización de ese concierto en el marco de un festejo religioso, revela “Casa Siloe”
* No hubo ningún “ningún incidente” durante el evento, informó el comisario de ese lugar a las autoridades de ese municipio el 6 de febrero, contrario a lo que informó la Fiscalía
REDACCIÓN
IGUALA.— El concierto al que asistieron los padres Germaín Muñiz e Iván Añorve, en Juliantla, fue un evento enmarcado en las fiestas patronales de ese pueblo, organizado por un sobrino de Joan Sebastian, y según el parte informativo del comisario “no hubo ningún incidente” o riña en el que estuvieran involucrados los dos curas o sus acompañantes, contrario a la investigación que realiza la Fiscalía General del Estado sobre los hechos ocurridos el lunes 5 de febrero pasado.
De acuerdo con información de la agencia API, lo anterior fue revelado por la asociación “Casa Siloe” de Iguala, identificada con la religión católica, cuyos representantes mostraron copias del permiso otorgado al organizador del baile por el gobierno municipal de Taxco, y el informe de la Comisaría de Juliantla, en el que se indica al municipio que no hubo ningún tipo de riña durante el evento que pudiera haber derivado en el ataque contra los dos sacerdotes.
De acuerdo con esos documentos, el 8 de enero del año en curso, el organizador Hugo Raúl Figueroa Fitz, propietario del ‘Rancho la Misión’ y sobrino del extinto cantautor Joan Sebastian, obtuvo el permiso del Ayuntamiento de Taxco, a través del director de reglamentos, comercio y espectáculos, Marco Antonio González Gómez.
En el oficio se lee que el Ayuntamiento “autoriza el permiso para llevar a cabo la Festividad Tradicional de la Candelaria de la comunidad de Juliantla (…), en los que se realizará un Baile en la plaza de toros ‘LA MISIÓN’, el día 04 de febrero del presente año, a partir de las 21:00 a las 02:00 horas”.
En el mismo, el Ayuntamiento “se deslinda” del evento y precisa que cualquier situación será exclusivamente responsabilidad de los organizadores, a quienes les pide preservar el orden.
Sin embargo, el gobierno municipal taxqueño requirió el pago de 9 mil 970.50 pesos por concepto de “Bailes eventuales de espectáculos sobre boletaje vendido”, y se cobra el 15 por ciento de “contribución estatal”.
El otro documento sellado el 6 de febrero —dos días después de los hechos—, es un informe del comisario Edilberto Figueroa López, que indica que “por medio del presente y en atención a su oficio número DRCY/0038/2018, me permito informarle que en el baile autorizado al C. Hugo Raúl Figueroa Fitz, de fecha 04 de febrero del 2018, no se suscitó ningún tipo de incidente que alterará la paz y el orden dentro de la plaza de toros la misión, así como fuera de ella y en lo que respecta a los límites de la comunidad que dignamente represente, lo cual le reporto saldo blanco”.
Expone además que once elementos de la comisión de seguridad de la comunidad vigilaron este evento y, según “Casa Siloe”, hubo filtros de seguridad en la entrada y la revisión de personas para evitar que ingresaran armados.
Esta versión se contrapone con la información proporcionada por la Fiscalía del Estado sobre las investigaciones hechas sobre los homicidios de los dos curas, en la que señaló que durante el evento existió “un conflicto” en el cual participaron diversas personas que acompañaban a los sacerdotes.
Para el colectivo “Casa Siloe”, la presencia de Germaín e Iván en el baile fue porque se trataba de una festividad religiosa, además que el Estado está obligado a garantizar el derecho del libre tránsito de todos los ciudadanos.
Sobre la versión de en el evento hubieran estado presentes miembros de grupos delictivos del Estado de México, Morelos y Guerrero, Anselmo Campuzano, coordinador de “Casa Siloe”, acusó que desafortunadamente la información proporcionada por Fiscalía sobre las investigaciones es tendenciosa.
Ofrecieron su respaldo al obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, ante los ataques que, consideran, le están haciendo desde el gobierno del estado y federal por exhibir las omisiones y falsas acusaciones de la Fiscalía.
Exigieron a la Fiscalía una disculpa pública por criminalizar a las víctimas en este caso, y a las autoridades exigieron frenar el hostigamiento contra la iglesia católica.
Anunciaron una marcha denominada “caminamos por la paz” el día miércoles 21 de febrero en la ciudad de Iguala. (Con información de API)