Todo indica falta de objetividad en la posición de la ONU sobre La Concepción.—Se estabiliza gobierno de Chilpancingo al ampliarse el plazo para posible retorno de Marco Leyva
Enrique Vargas
En el caso de los problemas registrados en La Concepción, comunidad de Acapulco, en los que por una balacera entre comunitarios y civiles de la localidad murieron 8 personas, se advierte una tendencia para culpar al gobierno del estado de todo el problema, a pesar de que cuando se hizo el llamado a la autoridad ya se habían dado 8 muertes y otras 3 se sumaron de quienes atacaron a la policía cuando trataron de aprehenderlos por haber participado en los hechos de violencia.
Todo indica que no se puede culpar a los uniformados de la muerte de los 8 primeros, porque esos asesinatos se cometieron por el pleito entre los comunitarios del grupo de los opositores a La Parota, que encabezan los hermanos Marco Antonio y Vicente Suástegui, contra gente de la comunidad que no aprueban ni comparten las acciones y abusos de esos dirigentes del CECOP.
La versión que se maneja desde el día de los hechos de violencia son en el sentido de que el enfrentamiento entre los dos grupos de habitantes de La Concepción fue lo que produjo los 8 muertos iniciales, en un momento en que aún no se habían presentado en el lugar los policías estatales y federales, además del Ejército, que habrían llegado luego de que hubo reiterados llamados de apoyo y auxilio al número de emergencia 911.
Cuando los uniformados estatales y federales llegaron al lugar buscaron desarmar y detener a integrantes de esa organización opositora, porque supuestamente habrían participado en los hechos de violencia y hasta en la ejecución de algunos de las víctimas, pero el ser requeridos opusieron resistencia y trataron de usar sus armas para evitar ser aprehendidos y eso ocasionó una segunda balacera, ahora con los policías, que dejó otros 3 comuneros muertos.
Ahora, la CECOP, como señala un diario acapulqueño, pretende culpar de las muertes a la policía, sin tomar en cuenta que los uniformados llegaron cuando ya se tenían 8 cuerpos de las víctimas del enfrentamiento con los comunitarios que manejan los hermanos Suástegui.
Los señalamientos de la oficina de DH de la ONU se ven muy cargados en un solo sentido, pero no toma en cuenta que ese grupo de la CECOP ha mostrado siempre su actitud beligerante y agresiva, pues Marco Antonio ya estaba acusado de un homicidio anterior por el que estuvo preso, aunque se le liberó bajo fianza, por una supuesta intervención del fallido gobernador Rogelio Ortega y aunque debía presentarse a firmar en el juzgado correspondiente, nunca lo hizo.
El gobernador Héctor Astudillo entregó un informe detallado a la oficina de las Naciones Unidas, donde explica la forma en que se dieron los hechos y ha ofrecido todas las medidas cautelares que se le reclaman, además de poner a disposición de ese organismo toda la información y los elementos necesarios para que hagan su propia indagatoria.
Sin embargo, la actitud del representante de la ONU se advierte muy cargada hacia una parte, lo que le hace emitir opiniones y jucios que no corresponden con los hechos, tal como fueron divulgados, lo que hace que esa indagatoria sea poco objetiva y parcializada, aunque el gobierno no plantea esa situación ni emite opiniones o juicios, sino que se limita, con mucha prudencia y objetividad a presentar su versión de lo ocurrido, de lo que aporta las pruebas y la versión de los testigos ajenos al CECOP, porque estos pretenden deslindarse de la violencia y las muertes, aunque fueron resultado directo de sus acciones violentas.
Los hermanos Suátegui, habían convertido la zona de los bienes comunales de Cacahuatepec en un territorio en el donde sólo operaba “la ley” que ellos imponían orientada a proteger sus intereses y objetivos que han planteado desde que decidieron impedir la construcción de la hidroeléctrica La Parota.
El gobierno de Guerrero, debe sostener la aplicación de la ley en forma estricta y transparente, porque es lo que necesitan el estado y el país, para evitar que se generen ínsulas de arbitrariedad, sujetas al capricho de grupos tan negativos como este de Cacahuatepec y La Concepción, que sólo problemas y daños han provocado durante varios años.
SE ESTABILIZA GOBIERNO DE CHILPANCINGO AL AMPLIARSE EL PLAZO PARA POSIBLE RETORNO DE MARCO LEYVA.—El Congreso del Estado dio entrada a la solicitud de Marco Antonio Leyva Mena de regresar a la alcaldía de Chilpancingo y le avisó que el trámite podría tardar unos 30 días.
Esa determinación tuvo como efecto que se estabilizar la situación en el ayuntamiento, ya que al no ser inminente el retorno la administración de Jesús Tejeda Vargas, sigue trabajando y puede preparar la entrega en caso de que legalmente se decida así.
El gobierno capitalino se ha dividido entre los que están a favor del cambio y los que están por la continuidad, pero en esos 30 días, el ambiente debe mejorar para que el trabajo se haga con regularidad, sin sobresaltos ni advertencia de un pronto cambio.
Si Marco Leyva regresa al cargo tendrá un recibimiento poco favorable y si el Congreso continúa con el juicio de revocación del mandato, su retorno podría ser efímero y Tejeda Vargas continuaría en el cargo hasta concluir el periodo constitucional.
No es posible en estos momentos señalar con precisión el curso que seguirán los acontecimientos en este caso, pero la ley ampara el retorno del alcalde electo, pero no lo libra de las acciones que se tomen en su contra por las culpas que le cargan y que pueden causar su destitución final.
Sólo habría que ver si una posible controversia constitucional ampararía al alcalde repuesto de ser destituido por deficiencias y fatal en el cumplimiento de su responsabilidad, porque el restituirlo se evita caer en falta constitucional, pero el destituirlo por otras causas de supuesta incapacidad o malos manejos presupuestales, seguramente ya no alcanzarían la protección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Por eso se ha comentado que a Marco Leyva lo protege la ley como alcalde, pero en cuestión política enfrentaría el problema principal, que es la que puede dejarlo fuera del cargo.
Sólo el tiempo y los acontecimientos habrán de definir la conclusión de este “affair” municipal.
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