* Dirigentes acusaron que el operativo llevado a cabo en esa localidad “es una muestra clara de que nuevamente quieren imponer el proyecto hidroeléctrico La Parota”
Rosario García
Integrantes de la comisión política de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), repudiaron “la agresión” de policías estatales y federales contra policías comunitarios y periodistas el domingo pasado en La Concepción, municipio de Acapulco, exigieron a las autoridades la liberación inmediata e incondicional de los detenidos, entre ellos el dirigente de la CECOP, Marco Antonio Suástegui Muñoz, quien es señalado de asesinar a 6 personas, entre ellas dos menores.
En conferencia de prensa, los líderes magisteriales Gerardo Parra Gerónimo, de la región Montaña Alta; Crescenciano Gallardo Sánchez, de Costa Grande; Fredy Gutiérrez Mayo, de Centro; Norberto Morales Rodríguez, de Montaña Baja; y Luis Carlos Mariano Nava de Convergencia, denunciaron qué hay una política de “desprecio” del gobierno contra los luchadores sociales.
Advirtieron que no permitirán más agresiones y “rechazamos los delitos que el gobierno está fabricando contra la CRAC-PC, puesto que las armas que ellos utilizan son sencillas y hasta rudimentarias”.
Los representantes de disidencia magisterial exigieron la libertad de los “policías comunitarios” detenidos durante un operativo de fuerzas de seguridad después que hubo un enfrentamiento que dejó 8 muertos, y aseguraron que el único delito que han metido “es organizarse para defender su territorio de los delincuentes de esa zona”.
Del mismo modo, insistieron en la salida inmediata del Ejército mexicano y de todos los cuerpos policiacos “que han hecho de La Concepción su cuartel y centro de operaciones” después de lo ocurrido.
En su posicionamiento en torno al operativo y la detención de civiles armados, los cetegistas aprovecharon para expresar su rechazo a la Ley de Seguridad Interior y a la militarización del estado.
Lamentaron que los sectores políticos y empresariales “hagan segunda” al gobierno y se manifiesten a favor del desarme de los grupos de policías comunitarios, porque “para nosotros es claro que el estado y el empresariado están actuando con voracidad viendo por sus propios intereses”.