“El gobernador del estado no anda peleando con nadie, sólo garantiza que se cumpla la ley”: Astudillo.— Este jueves puede aceptarse el regreso de Marco Leyva, pero buscan aplicarle la “revocación de mandato”
Enrique Vargas
El gobernador Héctor Astudillo Flores estuvo este miércoles en el cambio de la directiva del Grupo Aca, que ahora preside Digna Marroquín Cisneros, donde planteó que fue un éxito la pasada temporada vacacional y adelantó que seguirá el impulso a las acciones de apoyo al turismo en el puerto, que en breve habrá de recibir a los integrantes de la Convención Nacional Bancaria, que desde siempre ha realizado ahí sus reuniones anuales, además que se confirmó la realización del torneo anual de tenis Abierto de Acapulco, el más importante que se celebra en América Latina.
Una buena conversación sostuvo el mandatario con los socios del que es uno de los clubes sociales más antiguos en el estado, ya que está por cumplir 50 años de existencia.
Destacó que el gobernante de Guerrero enfrenta una situación única que no se presenta en otras entidades, por lo que debe atender las circunstancias que se presentan aquí con una actitud especial.
Hizo ver que el gobernador del estado está para ayudar, para apoyar ante los problemas sociales y políticos que se presenten, con la idea de que el mandatario no está para pelear ni anda peleando con nadie, “el gobernador del estado debe ser garante de que se cumpla la Ley y que los que tienen responsabilidades públicas cumplan con su responsabilidad”.
Sostuvo que el gobernante debe estar colocado siempre en la base, siempre atento, siempre dispuesto a ayudar, pero también siempre atento a que se cumpla la Ley, porque con eso no se puede jugar, “tenemos que ser garantes de que se cumpla le Ley”.
En el caso de los 11 muertos en La Concepción, comunidad de Acapulco, señaló que el gobierno tenía la opción de no ir, dejar que se siguieran agrediendo entre ellos, pero también podía aplicar la Ley, que fue lo que se hizo como correspondía, aunque siempre cuidando el respeto a los derechos humanos y siempre atento a que la Ley se aplique, porque en eso no debe haber dudas.
Entonces vienen las críticas, comentó, y el gobernante debe recibirlas y no tener la piel tan sensible, sino entender en qué momento está, porque hizo ver que el gobernante de Guerrero no gobierna en otro estado donde las cosas son diferentes a éstas.
Efectivamente debe entenderse que el “Guerrero bronco” no es sólo una expresión, sino una realidad que se mantiene presente en muchos casos, como se pudo ver en esa situación de Cacahuatepec, donde el grupo que se opone a La Parota ha incurrido en muchas acciones fuera de la Ley y por eso la gente ya reclamaba y exigía que se terminaran los excesos que cometían y que derivaron en esta matanza.
La expresiones señaladas al principio de esta columna, en el sentido de que no anda peleando con nadie podría aplicarse a la situación que se vive en Chilpancingo, donde en alguna forma se le ha involucrado en las diferencias que existen por la disputa de la alcaldía, pero sostuvo que sólo procede la aplicación de la Ley, lo que deja en manos de los organismos correspondientes como el Congreso del Estado, la Auditoría General y el Cabildo municipal, que son los que han buscado darle salida a este conflicto.
ESTE JUEVES PUEDE ACEPTARSE EL REGRESO DE MARCO LEYVA, PERO BUSCAN APLICARLE LA “REVOCACIÓN DE MANDATO”.— Existe la posibilidad de que este jueves el Congreso del Estado, a través de las comisiones legislativas correspondientes, acepte la reincorporación de Marco Antonio Leyva Mena al cargo de presidente municipal de Chilpancingo, pero, en caso de ocurrir, la Comisión Instructora podría reactivar en automático el procedimiento que había iniciado para aplicarle la revocación de mandato, con la intención de dejarlo definitivamente fuera de esa posición, en la que continuaría el alcalde suplente, Jesús Tejeda Vargas, quien tiene ya casi 3 meses en el cargo.
Las cosas se han organizado hasta el extremo, pues el edil electo, ahora con licencia, tiene en contra al Congreso del Estado, al Cabildo municipal, a la Auditoría General del Estado, ya que el auditor Alfonso Damián Peralta, muy diligente se apersonó ante el Cabildo para aportar su respaldo en favor de las acciones contra Leyva Mena, a quien acusa de una serie de irregularidades, aunque en la mayoría de los casos aún tendría tiempo de solventarlas.
Se han unido a esta acción que casi ha tomado la forma de un linchamiento político contra el edil cuyo regreso no quieren aceptar, decíamos, un grupo de comerciantes política y moralmente descalificados, porque sólo buscan el beneficio y las ganancias personales con el cambio en el gobierno municipal, como es el caso de los muy conocidos Pioquinto Damián Huato, su consuegro Víctor Manuel Ortega Corona y el exedil de Zumpango, Adrián Alarcón Ríos, supuesto dirigente de la Coparmex local, quien siempre ha andado tras los contratos del ayuntamiento sin que lograra conseguirlos en el periodo del alcalde con licencia, pero que esperaría alcanzarlos en la etapa del alcalde suplente.
Quien se ha mantenido tranquilo, sin asumir un papel protagónico en esta pugna es el alcalde actual, Jesús Tejeda Vargas, quien efectivamente mantiene una actitud de respeto hacia su compañero de fórmula MALM, pues expresa que habrá de adaptarse y de respetar la decisión del Poder Legislativo, cualquiera que sea, que lo ubicó en ese cargo.
Habrá que esperar la respuesta de Marco Antonio Leyva Mena, quien ha dicho que tiene la opción de recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para presentar una “Controversia Constitucional” que determine si es legal y constitucional que se le remueva del cargo de elección popular que ganó, en la forma en que lo decida el Congreso del Estado.
Por lo que hace a las supuestas demandas penales en su contra, no procederían sino hasta que fuera despojado del fuero constitucional y todavía podría ampararse contra las acciones del Fiscalía del Estado, en caso de que ocurriera.
Habría que esperar si Leyva Mena acude a la Corte, si es que le da entrada a su demanda y el tiempo que tardaría para emitir una resolución, que sería irrevocable y de cumplimiento obligatorio por parte de quienes recibieran la comunicación del máximo organismo del Poder Judicial del país, si es que llega a darse.
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