* Hipólito Lugo confirmó que la recomendación al gobierno estatal derivada de lo ocurrido el 6 de julio pasado en ese penal, fue notificada después de la protesta registrada el viernes pasado en la misma prisión
REDACCIÓN
El coordinador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Guerrero, Hipólito Lugo Cortés, confirmó que el pasado viernes fue entregada al Gobierno de Guerrero la recomendación 2/2017, derivada de los hechos ocurridos el pasado 6 de julio en el interior del Cereso de Las Cruces, en Acapulco, donde hubo 28 muertos y 22 lesionados durante una riña.
Dijo que la notificación fue hecha a la Secretaría de Seguridad Pública estatal el viernes pasado, después de que hubo otra protesta de reos de ese Cereso —que incluso derivó en un bloqueo en la Costera Miguel Alemán, en la zona turística del puerto por parte de familiares de los internos—, pero descartó que la CNDH emita una nueva recomendación por eso.
Lugo Cortés dijo a la agencia API que “nuestra presencia el día viernes en el reclusorio y el fin de semana”, fue para “ver que se garantice la visita familiar, es uno de los elementos muy importantes, pero sobre todo también el compromiso que tienen que atender (las autoridades) en la atención de las múltiples peticiones que hicieron (los reos) como mencionaba en los medicamentos, la alimentación, de que reciban un trato digno”.
Negó que tras esa nueva protesta la CNDH vuelva a emitir otra recomendación, porque ya están en la que fue entregada “las actividades que tiene que realizar el gobierno del estado, para el buen funcionamiento del reclusorio, en tanto no haya algún otro reclusorio para abatir la sobrepoblación carcelaria”.
El coordinador de la CNDH señaló que los hechos violentos ocurridos en julio pasado evidenciaron las anomalías e irregulares que imperan en ese centro de rea datación.
“Sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno e inadecuada clasificación, así como insuficiencia de personal, es lo que impide privilegiar y resguardar el orden y tranquilidad e imposibilita el pleno respeto de los derechos humanos al trabajo, a la capacitación para el mismo, a la educación, salud y deporte”, añadió.
Todo esto se convierte en obstáculos para la reinserción social efectiva de los internos, señaló.
“Además, producto de su investigación, la CNDH observó también la falta de control de las autoridades, existencia de privilegios y cobros por servicios, lo cual genera un ambiente propicio para la proliferación de actos violentos y de corrupción, en los cuales es evidente la participación de internos y personal del servicio público”, agregó.
También dijo que la CNDH tiene la encomienda de realizar supervisión carcelaria con visitas penitenciarias, “y desde luego que dentro de estas visitas se elabora un diagnostico nacional cada año, sobre la situación de las cárceles en el país y desde luego de que Guerrero no escapa de este diagnóstico”. (Con información de API)