Isidro Bautista
A cuatro años de suscitados los hechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) da la razón a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado por la actuación que ésta asumió para llevar a prisión a Alfredo Álvarez Valenzuela, exsecretario de Seguridad Pública de Acapulco.
Se comprueba que la ahora Fiscalía General del Estado hizo lo que debió haber hecho para castigar a un marino con licencia, que soltó el Poder Judicial inexplicablemente, dado que su responsabilidad estaba más que probada. Dicha Procuraduría, a cargo entonces de Iñaki Blanco Cabrera, por lo mismo, en su momento, interpuso recurso de apelación.
Seguramente por acuerdos políticos, dejaron ir a Álvarez Valenzuela, y éste hasta se victimizó.
Los elementos de prueba que sirvieron para consignarlo en calidad de autor intelectual y material del injusto fueron similares a los que propiciaron la vinculación a proceso del resto de los implicados (autores materiales), destacando que estos últimos le atribuyeron a aquél responsabilidad directa en los hechos.
Con fecha 29 de noviembre, la CNDH emitió su recomendación No. 64 / 2017, dirigida a Evodio Velázquez Aguirre, alcalde de Acapulco, relacionada con los hechos cometidos por Álvarez Valenzuela y tres agentes a su mando en agravio de un detenido, concretamente violaciones a los derechos humanos, a la libertad, seguridad jurídica e integridad personal, por la detención arbitraria, tortura y desaparición forzada.
La institución declaró que “queda acreditado el elemento relativo al dolor y sufrimientos graves infligidos, por lo que se actualiza el segundo elemento de la definición de tortura de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura”, y que “las agresiones físicas y mentales fueron intencionales para generar en el agraviado el mayor miedo y temor a fin de que le proporcionara la información que exigían los agentes de la policía”.
Solicita la reparación del año a la víctima, así como “implementar las medidas que sean necesarias a fin de evitar la repetición de hechos violatorios de derechos humanos y contribuir a su prevención”.
Es verdaderamente condenable el hecho de que policías, marinos o militares recurran a esas prácticas como parte de sus investigaciones.
Aquí señalamos, a mediados del mes pasado, que de nada sirve contar con más policías y más armamento sino están actualizados profesionalmente, por el nuevo sistema de justicia penal. El Estado debe apostarle a certificarlos, a que sin excepciones pasen los exámenes de control o confianza.
El mismo Álvarez Valenzuela, dos años después de los hechos de referencia, según una nota publicada por el diario Reforma, dijo que la policía municipal de Acapulco no trabaja para la delincuencia organizada, sino que la policía municipal es la delincuencia organizada.
Por eso, bienvenida la recomendación No. 64 / 2017, en la que CNDH solicita “diseñar e impartir cursos sobre capacitación y formación a todos los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Acapulco, incluyendo a su titular, en materia de derechos humanos y debido uso de la fuerza”, y un punto también importantísimo que no se respeta, por corrupción: “girar instrucciones a quien corresponda, para que se emita una circular dirigida al personal” de dicha corporación “para que ponga sin demora alguna a los detenidos a disposición del Ministerio Público”.
Desde luego, pide al alcalde colaborar debidamente en el seguimiento de la causa penal en contra de los tres agentes policiacos, así como de la averiguación previa instruida contra Álvarez Valenzuela por al menos cinco delitos.
Hay todavía más sugerencias hechas por la CNDH al respecto, por una serie de irregularidades o carencias materiales detectadas.
Uno podría preguntarse, entonces, si eso pasa en Acapulco, el municipio más grande de Guerrero, ¿cómo andarán los demás?
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