* El Centro Morelos y el Colectivo Contra la Tortura expresaron su rechazo a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados
ALONDRA GARCÍA
Organizaciones civiles dedicadas a la defensa de los derechos humanos manifestaron su rechazo a la Ley de Seguridad Interior, que fue aprobada ayer en lo general por la Cámara de Diputados.
Esta nueva legislación establece el procedimiento con el que el presidente de México podrá ordenar la intervención de las fuerzas armadas en algún punto del país, cuando se identifiquen “amenazas a la seguridad interior” y las capacidades de las fuerzas federales o locales resulten insuficientes para hacerles frente.
Vía comunicado, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos ‘José María Morelos y Pavón’ (Centro Morelos) y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad advirtieron que la Ley de Seguridad Interior abre la puerta a la militarización del país y en consecuencia, a potenciales violaciones a los derechos humanos.
“Reprobamos el voto de los diputados que votaron a favor de esta ley, cuando existen antecedentes donde los militares han protagonizado casos de tortura, tortura sexual, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, manifestaron las organizaciones.
Asimismo, criticaron que la aprobación del dictamen de ley se hiciera “con mucha discreción y sin considerar la opinión de las organizaciones civiles nacionales e internacionales”, las cuales habían manifestado su preocupación ante una posible militarización.
Para ambas ONG’s, la militarización no resolverá los problemas de delincuencia, violencia e inseguridad que enfrenta el país, y señalaron que una prueba de ello es el municipio de Chilapa, donde los militares tomaron el control de la seguridad desde hace dos años y aun así, la violencia y los homicidios van a la alza.
“Incluso se han cometido delitos cerca de los retenes militares y la respuesta por su parte ha sido omisa”, criticaron.
Además, señalaron que el Ejército ha mostrado “una actitud prepotente hacia los defensores de derechos humanos” y ha “criminalizado la labor que realizan al acompañar a víctimas del crimen organizado y del Estado”.
Por ello, insistieron en que los militares deben dejar las calles “de manera paulatina” y devolver a las instituciones civiles el mando y conducción de la seguridad pública.