* Directivos de un jardín de niños advierten a padres de familia que sólo se hacen responsables de la educación de los alumnos, no de su seguridad
REDACCIÓN
El Jardín de Niños “Amado Rodríguez”, ubicado en el municipio de Chilapa, reiniciará labores escolares mañana lunes 27 de noviembre, luego de permanecer sin actividad durante varias semanas a causa de las amenazas del crimen organizado en contra de profesores.
Sin embargo, la Dirección del plantel obligó a los padres de familia a firmar una carta responsiva, con la cual la institución se desmarca de la seguridad de los alumnos.
El Jardín de Niños impuso una serie de disposiciones para el regreso a clases, “debido a que no existe la total garantía de seguridad, tanto para el personal docente y administrativo, como para los alumnos”.
La primera disposición establece que “los padres de familia tienen la responsabilidad de mandar o no a clases a sus hijos”.
La segunda disposición indica que los docentes se responsabilizan única y exclusivamente de la enseñanza de los alumnos, no de su seguridad durante el tiempo que están en la institución.
En la tercera disposición de la responsiva se establece como norma de seguridad que “si en el transcurso de la mañana de trabajo se suscitara una situación de inseguridad”, los padres de familia deben mantener la calma y esperar que los niños se les entregarán en un tiempo pertinente de 30 minutos después de ocurrido el incidente.
Además, se les recuerda a los padres de familia que la hora de salida es al medio día, de manera puntual, y que los niños no se entregarán si la persona que los recoge no presenta el gafete que otorga el jardín de niños.
La carta responsiva está firmada por Alberta Flores Jaimes, directora del Jardín de Niños.
El cierre de decenas de escuelas en los municipios de Chilapa, Zitlala, Atlixtac, Ahuacuotzingo y José Joaquín de Herrera comenzó desde el 19 de septiembre, para permitir la revisión de los planteles después del terremoto.
Sin embargo, la suspensión de clases se extendió en un principio por la falta de transporte público hacia los municipios de la región y después por las amenazas directas que circularon en redes sociales en contra del personal directivo y docente por parte de grupos delictivos que operan en esa zona del estado.