José Molina
Por segundo día consecutivo, personal docente y administrativo de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, se manifestaron frente al palacio de gobierno para denunciar que han sido ignorados por la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), en su demanda de ser incorporados al Fondo Nacional de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE).
El pasado 24 de octubre, este mismo grupo de docentes se plantó en las oficinas centrales del gobierno del estado, y una semana después fueron recibidos por el gobernador, quien dejó el caso en manos del subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Arturo Salgado Urióstegui.
El martes pasado sostendrían un encuentro resolutivo con el funcionario, pero no se presentó a la cita, por lo que el jueves reanudaron sus movilizaciones, molestos por el desplante de las autoridades educativas.
Debido a que los manifestantes no fueron atendidos, este viernes nuevamente volvieron a realizar acciones de protesta para exigir atención.
Los docentes bloquearon el bulevar “René Juárez Cisneros” en ambos sentidos, para solicitar que se restablezca la mesa de diálogo, y expusieron que desde el 01 de enero de este año, la SEG mantiene congeladas siete plazas que quedaron vacantes por jubilaciones, con lo cual podrían dar solución a su situación.
“No estamos pidiendo algo que no sea normado, la norma por lo cual estamos hoy aquí, marca que cuando un compañero se jubila, de inmediato la autoridad debe poner la clave a disposición de la institución para que se abra una convocatoria para que concurse el pie de rama y el personal activo pueda promocionarse”, explicó el profesor Juan Manuel Dominguillo López.
El próximo 1 de enero, adelantó, se pondrá en marcha una nueva reforma que aplicará para el nivel superior, y se teme que los docentes fuera de FONE queden sin empleo, pues se desconoce en qué términos viene la nueva disposición educativa implementada por la federación.
De estos 13 docentes, la mayoría tienen más de 20 años de antigüedad, “y no sería justo que por una omisión de la SEG, su plaza no cuente con un techo financiero, entonces ahí la situación se torna grave”, lamentaron.
La exigencia principal al gobernador y a la Secretaría de Educación, es que se haga respetar la normatividad vigente, y si entra una nueva o diferente en 2018, están dispuestos a acatarla, pero que se llegue sin pendientes. (API)