Bernardo Torres
Personal docente y administrativo de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, se manifestaron nuevamente en el palacio de gobierno para denunciar que han sido ignorados por la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), en su demanda de ser incorporados al Fondo Nacional de Aportaciones para la Nómina Educativa.
El pasado 24 de octubre este mismo grupo de docentes se plantaron en Palacio, y una semana después fueron recibidos por el gobernador, quien dejó el caso en manos del subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Arturo Salgado Urióstegui.
El martes pasado sostendrían un encuentro resolutivo con el funcionario, pero no se presentó a la cita, prácticamente los dejó plantados, por lo que este jueves los maestros reanudaron sus movilizaciones, molestos por el desplante de las autoridades educativas a sus demandas.
Los maestros bloquearon las primeras horas de este jueves el bulevar “René Juárez Cisneros”, en ambos sentidos, en exigencia de que se restablezca la mesa de diálogo, donde expusieron que desde el 1 de enero de este año, la SEG, mantiene congeladas siete plazas, que quedaron vacantes por jubilaciones, con lo cual podrían dar solución a su situación.
“No estamos pidiendo algo que no sea normado, la norma por lo cual estamos hoy aquí marca que cuando un compañero se jubila de inmediato la autoridad debe poner la clave a disposición de la institución para que se abra una convocatoria para que concurse el pie de rama y el personal activo pueda promocionarse”, explicó el profesor Juan Manuel Dominguillo López.
El próximo 1 de enero, adelantó se pondrá en marcha una nueva reforma que aplicará al nivel superior, y se teme que los docentes fuera de FONE queden sin empleo, pues se desconoce en qué términos viene la nueva disposición educativa que implementará la federación.
Estos 13 docentes, la mayoría tienen más de 20 años de antigüedad “y no sería justo que por una omisión de la secretaría su plaza no cuente con un techo financiero, entonces ahí la situación se torna grave”.
La exigencia principal al gobernador y a la SEG, es que se haga respetar la normatividad vigente, y si entra una nueva o diferente en 2018, están dispuestos a acatarla, pero que se llegue sin pendientes. (API)