* En ese municipio “se afecta la gobernabilidad, e imposibilita que los niños y jóvenes puedan estudiar”, alertó ayer en tribuna el legislador Ricardo Mejía

* Criticó que en enero del 2016, en ese lugar, el secretario de Gobernación anunció medidas de seguridad que no se han cumplido

 

Gilberto Guzmán

 

Ante la crisis humanitaria que prevalece en Chilapa, debido a los asesinatos, desapariciones y otros delitos, es necesario que el Pacto por la Seguridad convocado por el gobernador Héctor Astudillo Flores se concrete con ideas definidas para devolver la tranquilidad a diversas regiones de Guerrero, señaló el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, Ricardo Mejía Berdeja.
Al participar en la sesión de este martes, el diputado por Movimiento Ciudadanos señaló que el Congreso no puede permanecer indiferente ante la violencia que se ha agudizado en el municipio de Chilapa de Álvarez.
Recordó que apenas el domingo 5 de noviembre se registró un hallazgo criminal y de horror cuando siete personas fueron asesinadas, desmembradas y semicalcinadas; “fueron la nota del horror dentro de las notas tan graves que cotidianamente se presentan en el clima de violencia e inseguridad”, afirmó.
Mencionó que desde la tribuna del Congreso se ha mencionado lo que pasa en Acapulco, en Chilpancingo y en la Tierra Caliente, pero hoy los ojos de México y el mundo están puestos en Chilapa.
Detalló que diferentes organismos, desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, han hecho misiones en Chilapa, como Amnistía Internacional, Servicios para la Paz, las Brigadas Internacionales de Paz y organismos locales como Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos José María y Morelos, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, han puesto el acento sobre lo que pasa en Chilapa.
Indicó que de acuerdo con cifras del Centro ‘José María Morelos’, este año van 223 asesinatos o ejecuciones en Chilapa, de los cuales 22 son mujeres, aunque también hubo estudiantes, comerciantes, campesinos y policías estatales, lo cual obliga a la reflexión y a la acción de las autoridades.
“No podemos olvidar que el 21 de enero del 2016 el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, después de encabezar una reunión con el gabinete de seguridad nacional en Chilapa, anunció un gran despliegue en esa región de la Montaña baja, incluso la creación de un cuartel militar que no hay más información al respecto, pero los hechos de violencia se siguen acumulando, ejecuciones, desapariciones, secuestros e incluso el desplazamiento interno forzado en varias comunidades del municipio”, argumentó.

En mayo del 2015 comenzó el horror

Subrayó que es necesario hacer memoria que fue entre el 9 y el 14 de mayo del 2015 cuando un grupo de hombres armados, presuntamente integrantes de un grupo criminal aunque se identificaban como policías comunitarios, irrumpió en la cabecera municipal, tomó el control del municipio, allanó casas y desapareció a entre 31 y 32 personas.
Dijo que solamente 16 familias se atrevieron a denunciar, pero ahí comenzó el horror en Chilapa, en pleno proceso electoral del 2015.
Mejía Berdeja señaló que la ocupación y el control de la delincuencia fue un asunto público, ante la indiferencia de las fuerzas policíacas y militares.
“Estos casos de desaparición permanecen en la impunidad, aquí tuvimos hace poco una reunión con los colectivos de víctimas de desaparición forzada como los de Chilapa (…), Chilapa y Zitlala se han convertido en un centro de violaciones graves a los derechos humanos, de muerte, devastación y desesperación”.
Advirtió que en Chilapa hay una crisis humanitaria y el Congreso no puede permanecer omiso frente a esa situación.
“Incluso, esta situación que se está presentando afecta ya la gobernabilidad, la cuestión social y la vida en la comunidad, hay un caos social que se expresa incluso en la imposibilidad de que los niños y jóvenes puedan estudiar”, alertó.
Comentó que el lunes debieron haber reiniciado las clases en la región de Chilapa después de que se suspendieron con el pretexto de evaluar los daños causados por el sismo del 19 de septiembre en la infraestructura educativa, aunque la realidad es que las autoridades no han sido capaces de garantizar la seguridad en las diferentes escuelas.
“El Secretario de Educación en Guerrero ha reconocido que más de 70 escuelas siguen sin laborar en la Montaña Baja, en los municipios de Chilapa, Atlixtac, José Joaquín de Herrera, Ahuacuotzingo y Zitlala; no hay garantías para la seguridad, la propia Universidad Autónoma de Guerrero ha señalado que la Preparatoria número 26, de Chilapa, tiene más de un mes sin clases”.
Reiteró que la crisis humanitaria en Chilapa está afectando la vida cotidiana y la convivencia en sociedad, y que el secretario del Centro Morelos de Derechos Humanos “ha dicho que hay un virtual toque de queda, donde los comerciantes cierran sus establecimientos a las siete de la tarde y las calles son prácticamente desiertas”, y que las ejecuciones se cometen incluso en la principal avenida Eucaria Apreza.
Ricardo Mejía expuso que el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, ha reconocido que Chilapa es el segundo municipio más violento del estado, después de Acapulco.
Aclaró que además de las cifras de homicidios dolosos, que retomó al inicio de su intervención, también está la cifra de desapariciones y otros delitos como las extorsiones.
“Por esa razón, nosotros creemos que el pacto de seguridad al que ha llamado el Ejecutivo del Estado en esta misma tribuna, tiene que aterrizar, pasar de las buenas intenciones, de la convocatoria unificadora a los hechos concretos”, sugirió.
Dijo que como parte de ese pacto se deben dar a conocer las medidas para recuperar el control territorial del estado en municipios como Chilapa, la región Tierra Caliente y parte de la sierra, y para abatir los índices de extorsión en diferentes lugares del estado.
También dijo que se debe avanzar en diferentes políticas para mejorar la seguridad pública, como en el tema de la Policía Estatal porque es insuficiente una corporación de 3 mil 600 efectivos para un estado como Guerrero, ya que los estándares internacionales señalan que debe haber un elemento por cada 250 habitantes, y para cumplir con ello se necesita una Policía Estatal de entre 12 mil y 14 mil elementos.
El diputado agregó que para ello debería aprobarse una importante ampliación presupuestal para el rubro de seguridad pública, con el fin de atacar el escenario de horror, preocupación e impunidad criminal que vive Chilapa.

Evitar ola criminal contra jóvenes, señala el PRD

Después, el vicecoordinador de los diputados del PRD, Ociel Hugar García Trujillo, subió a tribuna para intervenir sobre el mismo tema.
Destacó que la situación de inseguridad es compleja no sólo en la región de Chilapa, sino en muchos lugares de Guerrero.
Dijo que el 28 de octubre, desapareció un estudiante del municipio de Florencio Villareal (Cruz Grande), en proceso de graduarse de la carrera de Médico Veterinario, en el municipio de Cuajinicuilapa, y es la fecha en que las autoridades no revelan ni las pesquisas ni información para dar con el paradero del joven de nombre Jorge Cortés Carmona, de 24 años de edad.
Agregó que hay muchísimos jóvenes que se trasladan a estudiar al municipio de Cuajinicuilapa, en particular a la carrera de Medicina Veterinaria, y que se deben tomar medidas para evitar que comience una ola de criminalidad en contra de estos jóvenes.
El diputado perredista pidió que el gobernador instruya al Fiscal General a hacer las investigaciones pertinentes para localizar a este joven desaparecido.