*“Nuestros hijos no pueden salir porque se los llevan, los matan o los desaparecen”, reclamó una madre de familia en reunión con diputados locales, a quienes les reclamó su falta de voluntad para apoyar a la víctimas
Gilberto Guzmán
Durante una reunión con diputados locales y funcionarios de derechos humanos, familiares de desaparecidos alertaron sobre el aumento de la violencia y las desapariciones de personas en Guerrero; recriminaron que el gobierno no destine recursos para atender a víctimas del delito y que se priorice la defensa de los delincuentes por encima de sus víctimas, y reprocharon que los legisladores se muevan sólo por el dinero y no por la voluntad de ayudar a la ciudadanía.
Este miércoles, en el Congreso del Estado se realizó una reunión entre integrantes de los legisladores miembros de las comisiones de Derechos Humanos y de Presupuesto y Cuenta Pública con representantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.
Ciro Fuentes Urióstegui, de la Asociación de Familias de Acapulco en busca de sus Desaparecidos, pidió a los diputados darle al problema la importancia que requiere y actualizar la Ley de Desaparición Forzada con base en la legislación aprobada a nivel nacional.
Subrayó que “no nada más es la desaparición de un familiar, una persona, son familias que quedan desamparadas”, y reprochó que “nosotros esperamos que hagan su trabajo y que le respondan a la sociedad guerrerense, y en especial a las familias que ahorita estamos sufriendo y padeciendo el problema de la desaparición forzada”.
Fuentes Urióntegui advirtió que el problema de las desapariciones no termina, por el contrario, el número de casos va en aumento en el estado, porque “los colectivos nos estamos llenando y agrupando a más familias, que son para nosotros nuevas historias de dolor y no vemos que se vaya a solucionar con lo que tenemos actualmente en Guerrero, no se diga México”.
Criticó que por parte de la autoridad solamente cuentan con una Unidad de Búsqueda de Personas no Localizadas, porque “no las llaman personas desaparecidas por desaparición forzada o de particulares”, que está integrada por una licenciada, un comandante y tres administrativos para todo el estado de Guerrero, y que la búsqueda se limita a llamadas por teléfonos, enviar oficios a otras fiscalías “y se acabó”.
Además, dijo que hay en Guerrero dos comisiones de Atención a Víctimas, la estatal y una delegación nacional, pero ninguna recibe recursos financieros para funcionar adecuadamente.
Alberto Castro de la Cruz, del Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados en Chilpancingo, dijo que tienen registros de casos de desaparición forzada, de desaparición por particulares, desapariciones involuntarias.
“Tenemos casos de asesinatos por personas uniformadas, asesinatos por grupos en vehículos, asesinatos por grupos desplazados caminando, tenemos familiares que se han desplazado de sus comunidades, que han buscado algún alojamiento con familiares, y su sobrevivencia ha sido nuestra preocupación”, explicó.
Exigió a los diputados cumplir con el compromiso que hicieron cuando asumieron el cargo y legislar a favor de la atención de las víctimas, y recordó que los hechos de violencia en Guerrero comenzaron en el año 2000, arreciaron en el 2006 y desde entonces existe un gran número de violaciones a los derechos humanos.
Pórtense como humanos
La señora Mónica Vega Lagunas, también de la Asociación de Familias de Acapulco en busca de sus Desaparecidos, dijo que perdió a un hijo, pero que no contaría la historia porque sus compañeros de los colectivos ya la conocen, y dedicó su intervención a reprochar la actuación de los legisladores y funcionarios.
“Ustedes, cuando nosotros reportamos la pérdida de un familiar lo que mucho mencionan son los valores, y los valores los tienen perdidos ustedes, porque se les olvida que también son padres, afortunadamente tienen cómo proteger a sus hijos, nosotros no tenemos esa oportunidad”, reprochó.
Dijo que era feliz hasta que le quitaron a su hijo, “y si tuviera a mi hijo a mi lado, tengan la seguridad que jamás me hubieran visto la cara, aunque sea con frijoles soy feliz con mis hijos, pero a ustedes se les olvida por el puesto donde están. Qué bueno que coman bien, que bueno que duerman bien, que viajen, que estén con su familia completa, me da mucho gusto, porque a pesar de que estoy pasando, a nadie le deseo lo que estamos pasando nosotros”.
La mujer añadió que “seguimos luchando y nuestras vidas, ustedes ya la saben, porque no es la primera vez que venimos a exponerla, la estamos exponiendo cada vez que nos citan nada más a escucharnos, es más ya no quiero ni venir porque siempre nos dicen lo mismo: que no se ha llevado a cabo esto, no se ha aprobado, y nos regresamos para seguir saliendo adelante con nuestras familias”, reclamó.
Mónica Vega acusó que “el gobierno le ha quitado su libertad a nuestros hijos, que no pueden salir porque ya sea que se los llevan, los matan o los desaparecen, y cuando vamos a poner la queja nos culpan a nosotros”.
Y añadió: “Les exijo, porque nosotros no tenemos que venirle a pedir a nadie, es obligación de ustedes y de que cuando vayamos a algún lado no nos digan ‘es que no hay recurso, es que nada más está una fiscal’; entonces, ¿para qué nos quitan nuestros impuestos? Déjennoslos y se los damos a los delincuentes y que ellos nos protejan, porque tenemos más miedo del gobierno que de los delincuentes”, destacó.
Agregó que cuando ve patrullas de corporaciones policíacas o del Ejército y la Marina en las calles, le da miedo, y demandó mayor atención del gobernador o del alcalde de Acapulco porque “se les ha olvidado que ellos también fueron hijos, se les olvida que son padres y espero que nadie de ustedes llegue a pasar esto que estamos pasando nosotros”.
También recriminó que las oficinas de Derechos Humanos terminan defendiendo a los delincuentes “que han causado este dolor que estamos pasando nosotros” y salen libres después que han sido encarcelados, riéndose de las víctimas.
Les pidió a los diputados actuar como humanos para ayudar a las víctimas de la violencia y dejar de comportarse como “máquinas pa’estar solamente recogiendo dinero”.
El presidente de la Comisión estatal de Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, coincidió en que hace falta un marco legal para contrarrestar las desapariciones de personas y sobre todo prevenir que no sigan ocurriendo, igual que los desplazamientos como consecuencia de la violencia en diferentes zonas de Guerrero.
No hay presupuesto para atención a víctimas
El titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), Luis Camacho Mancilla, señaló que a la institución le faltaron recursos para integrar el Fondo Estatal de Atención a Víctimas, además de que está pendiente sentar las bases del Registro Estatal de Víctimas.
Indicó que en el Presupuesto de Egresos 2018 el Congreso deberá asignar presupuesto para crear el Fondo de Atención a Víctimas por alrededor de 5 millones 600 mil pesos.
Dijo que a pesar de la falta de presupuesto, la CEAV se ha dedicado a trabajar en el rubro de la asesoría jurídica en 6 mil 27 carpetas de investigación por parte de los asesores jurídicos de víctimas.
Por su parte, Manuel Olivares Rodríguez, del Centro Regional de Derechos Humanos ‘José María Morelos y Pavón’, pidió a los diputados que trabajen un exhorto al gobernador Héctor Astudillo Flores para que firme un convenio con la Comisión Nacional de Víctimas y de esa manera la comisión estatal pueda recibir recursos para su óptimo funcionamiento.
“La gente que está aquí no puede estar esperando hasta que se apruebe el Presupuesto 2018 y se liberen los recursos, la gente tiene muchas necesidades y queremos que se busque la manera de que se atienda a la brevedad posible, firmando el convenio o buscando recursos para apoyar a los cientos de familias de desaparecidos”, subrayó el activista.
Los representantes de colectivos de desaparecidos fueron atendidos por los diputados J. Jesús Martínez Martínez (PRD), Ricardo Mejía Berdeja (MC), María de Jesús Cisneros Martínez (Morena), Eusebio González Rodríguez (PRI) y Silvano Blanco de Aquino (MC).
El diputado Ricardo Mejía expuso que el MC ha presentado importantes iniciativas en apoyo de las víctimas, como la de Ley de Declaración de Ausencia, así como una reforma al Código Penal sobre el delito de desaparición forzada y se tendrá que actualizar el marco jurídico con la nueva Ley General de Desaparición Forzada que se aprobó recientemente a nivel federal.
Sin embargo, argumentó que varias iniciativas que su partido presenta no han logrado la aprobación del Congreso del Estado porque sólo tienen tres diputados y siempre son mayoriteados por el PRI y el Partido Verde.