¿Exterminio a la lucha social?
Roberto Ramírez
En cierta forma, 2013 y 2017 son dos años que se parecen.
Ambos se encuentran dentro del período de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y, en lo que a Guerrero se refiere, ambos han sido un tiempo aciago para militantes de izquierda y luchadores sociales.
En 2013, fueron asesinados 13 dirigentes destacados, entre ellos la de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino Mesino; el de la Unidad Popular de Iguala, Arturo Hernández Cardona; el líder de la Larsez, Raymundo Velázquez, y el de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande, Luis Olivares Enríquez. Esas muertes, salvo el de Hernández Cardona, donde hay evidencias que inculpan al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, no han sido aclaradas, aunque este caso tampoco ha quedado resuelto.
En 2017 el cuadro parece repetirse, de tal suerte que hasta lo que va de octubre, han sido asesinados 10 activistas, entre los que se encuentran exalcaldes, un alcalde en funciones, exdiputados, y operadores partidistas todos muy activos dentro de sus ámbitos.
El 9 de abril fue asesinado el ex alcalde de Acapetlahuaya, Roger Arellano Sotelo; el 12 de abril, el de Zirándaro, Catalino Duarte Ortuño, fue “levantado” por desconocidos y hasta la fecha no se sabe de su paradero; el 19 de ese mes, fue ultimado el secretario general del PRD, Demetrio Saldívar; el 23 de mayo, tocó el turno al exdiputado Eli Camacho Goicochea; el 8 de junio fue acribillado y muerto el exalcalde de Tecpan, Crisóforo Otero Heredia; este mismo mes fue asesinado el exregidor de Tixtla por el PRD, Victoriano Iglesias; el 25 de julio, aunque fue en territorio michoacano, lo cierto es que ocurrió a unos metros de suelo guerrerense, fue emboscado y asesinado el alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, quien había denunciado amenazas recibidas en su municipio.
El 26 de septiembre, en la Tierra Caliente, fue asesinado el coordinador de Movimiento Ciudadano en esa región, Ángel Vergara Chamú.
El 12 de octubre, militares allanaron la sede de la Sociedad Mercantil de Copreros de Guerrero, donde sesiona el Frente Progresista Guerrerense, encabezado por el luchador social Eloy Cisneros Guillén, y en el que participan varias organizaciones sociales ampliamente reconocidas; el 13 de octubre, fue asesinado Ranferi Hernández Acevedo, miembro de la Coordinadora Pro Amlo, y personaje muy vinculado al Frente Progresista. Ese mismo día, en Ometepec, un comando sacó de su taller mecánico al activista del Fodeg –la organización fundada por el fallecido luchador social Bertoldo Martínez Cruz— y fue golpeado hasta dejarlo en estado de coma.
Aunque ninguno de los casos anteriores ha sido resuelto, hay algunos puntos que pueden llamar a la reflexión, como el hecho de que lo casos surcan una geografía de la violencia: provienen de la Tierra Caliente, la Costa Grande, Tixtla-Chilapa-Ahuacuotzingo, donde la delincuencia ha enseñoreado.
Tal vez ello llevó a que el dirigente estatal de Morena, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, afirmara que no se puede establecer un patrón de persecución política en estas muertes, a pesar de que al menos en cuatro casos las víctimas fueron personas muy involucradas en la lucha por sacar adelante la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador.
La actitud del PRD fue en sentido contrario. La secretaria general del CEN, Beatriz Mojica Morga, denunció “una política de exterminio” contra luchadores sociales; y Movimiento Ciudadano guardó silencio, como lo hizo cuando fue asesinada Rocío Mesino, que había sido regidora de ese partido en Atoyac, y que compitió con sus siglas por la alcaldía.
Otro factor vinculado con esta serie de asesinatos es inevitable: el próximo año ocurrirá la elección más compleja de la historia del país, donde estarán en juego el mayor número de cargos políticos, desde el Senado, diputaciones federales, presidencia de la República, alcaldías, diputaciones locales y regidurías.
En 2013, un vínculo parecía ligar a los victimados: la mayoría había recibido señalamientos por parte del gobierno, de pertenecer a movimientos guerrilleros. Era el segundo gobierno de Ángel Aguirre Rivero, y muchos de los que murieron habían participado en las protestas por la matanza de Aguas Blancas, ocurrida en el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer y habían sido apresados o perseguidos en el primer período aguirrista.
Ahora en 2017 el denominador común parece ser el de la militancia en la izquierda, específicamente en la campaña de López Obrador, al menos en algunos casos.
¿A quién benefician estas muertes, están ligadas entre sí, obedecen a un mismo patrón? Esas son preguntas obligadas, y la respuesta debería provenir de las autoridades. Sin embargo el vacío de información llama a la sospecha y a la interpretación de lo que se ve: viene una elección muy complicada, donde no solo está en juego el poder local, sino la Presidencia de la República, que podría quedar por primera vez en manos de la izquierda. ¿Se está preparando el escenario, está ocurriendo una limpia previa? Son preguntas difíciles. Las respuestas son más complejas aun.