Isidro Bautista
Derivado de las críticas arreciadas, de hace poco más de tres meses, los diputados de la fracción priísta, particularmente aquellos identificados como parte del grupo político de un expresidente municipal, exigieron la realización de una auditoria dirigida a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama) y directamente al periodo de gobierno del actual alcalde Evodio Velázquez Aguirre.
En aquel entonces, y en el afán de que a la ciudadanía se le brindara una información veraz, justa, honesta y alejada de cualquier tinte de oportunismo, aquí señalamos que la auditoria abarcara todos los titulares de dicha paramunicipal, pues es bien sabido que a esta noble institución la han saqueado inmisericordemente de tal forma que la tienen al borde de un quebranto financiero lastimoso.
El abuso exagerado, la corrupción terrible y la impunidad complaciente han tenido a Capama trastocada en su operación y hundida en una crisis económica severa.
Sostuvimos entonces, previo al hecho de que el Congreso del Estado aprobara la realización de la citada auditoría, que ésta fuera integral, ya que ello daría oportunidad de juzgar la actuación de cada directivo. Esto significaría un acontecimiento contundente en materia de transparencia, y así poder conocer los largos periodos de abusos y corruptelas, con nombres y apellidos de todos los responsables.
Lamentablemente las cosas no han podido transcurrir de esa manera, toda vez que la fracción mayoritaria del Poder Legislativo, en un afán mediático, logró la aprobación de que únicamente sea investigado contablemente el periodo de gestión del actual presidente municipal, quien funge como cabeza en el órgano de gobierno de dicho organismo.
No se duda que esta administración resultará la excepción de la regla. Seguramente la inercia se ha impuesto, y puede que existan inagotables evidencias del abuso y del desorden administrativo y financiero.
Lo que resulta inaceptable, por un lado, es el mandato, a todas luces, doloso del Congreso, por ordenar esa auditoría, sólo de un periodo de gobierno, que no daría pauta para que la sociedad se entere del negro historial financiero de la institución, cuando la “quiebra” es un asunto de prolongación sucesiva, y los responsables, al igual, se han ubicado por administraciones “sucesivas” que han empeorado la deuda creciente del organismo.
Por otra parte, con estas acciones amañadas, aparentemente han logrado contaminar, hasta cierto grado, la actuación de la Auditoría General del Estado, que como organismo técnico de auxilio exclusivo del Poder Legislativo, la han arrastrado para incurrir en hechos tendenciosos, y hoy la pongan en evidencia clara, exhibiéndola como si fuera un instrumento de respuestas alimentadoras de odio o revanchismo.
La sociedad reclama el cumplimiento del Estado de derecho, que se actúe con energía contra los responsables de cualquier violación de la ley, a tal extremo que prevalezca la justicia, y que se aparten de todo intento de enrarecer el cumplimiento de la legalidad, pues, existiendo la presunción de un delito, se elabora el expediente con todos los elementos de exigencia, y se procede a la acción del pleno del Congreso, bajo la propuesta de la comisión respectiva para que sea turnado al Ministerio Público a efecto de que valore y califique el tipo penal, y se proceda en consecuencia.
El arrebato de un pequeño grupo de diputados, al adelantarse para hacer públicos los posibles resultados de la auditoría, trastoca el ambiente de legalidad, y hacen que impere la confusión y se incremente el ambiente de escándalos de los que el estado de Guerrero ha sufrido en los últimos tiempos y que en nada contribuyen para construir la unidad y para impulsar las condiciones de alcanzar una mejor convivencia social. isidro_bautista@hotmail.com