* La desaparición de los normalistas marcó al estado y si no hay justicia y castigos a los responsables, nos podemos quedar “como un estado sumido en la impunidad”, dijo Ramón Navarrete
Alondra García
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), Ramón Navarrete Magdaleno, aseguró que mientras no se resuelva la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurrida en Iguala, en septiembre de 2014, no se recuperará la paz en Guerrero.
“Si no sabemos dónde están los 43 jóvenes, vivos o muertos, no va a haber paz en el estado”, expuso en entrevista el ombudsman guerrerense, quien consideró que “Guerrero quedó marcado con los 43”, porque este caso “puso a prueba la justicia, no tan sólo en nuestra entidad, sino a nivel nacional”.
“Tenemos encima los ojos del mundo. Lo que hagamos en ese caso nos permitirá salir adelante como estado porque tenemos ese estigma a nivel mundial. O bien, podemos quedar ahí, como un estado sumido en la impunidad”, sentenció.
Por ello, Navarrete Magdaleno dijo que la CDHEG mantiene la exigencia ante la Procuraduría General de la República (PGR) de que la investigación se mantenga abierta y que se agoten todas las líneas posibles para que, al final, “se emita una sentencia por parte del Poder Judicial” a los responsables “que deje satisfecha a la gente”.
Insistió en que si no se llega a ubicar el paradero de los 43 normalistas desaparecidos, no habrá justicia en este caso tan emblemático, y “no va a haber paz en el estado. Vamos a tener a los muchachos con una protesta, que no compartimos que sea violenta, pero ahí los vamos a tener”.
Añadió que “nosotros los acompañamos en sus protestas, les pedimos que no afecten derechos de terceros, pero finalmente no está en nuestras manos y se salen y hacen protestas violentas. Pero el fondo del asunto es esa parte que no se le ha dado a la sociedad: justicia”, expuso.
El presidente de la CDHEG señaló que los guerrerenses “anhelan la paz”, ya que actualmente “hay mucha convulsión, mucha inseguridad”, y reiteró que “si no hay justicia no podemos arribar a la paz”.
Destacó que si bien el caso de los 43 normalistas es el de mayor impacto mediático y social, en Guerrero hay cientos de personas desaparecidas.
“Es un tema gravísimo, enorme. En la Comisión tenemos acopio de muchos casos, pero yo creo que no hay una autoridad que tenga la cifra exacta (de desaparecidos), porque hay un temor de los familiares que son amenazados, que les advierten que si denuncian ellos serán los siguientes (en desaparecer). Entonces esos casos se quedan ahí, en lo oscuro y por eso no hay una lista totalmente creíble del número de desaparecidos que hay en Guerrero”, comentó.
El ombudsman guerrerense también aclaró que la CDHEG “no defiende delincuentes”, como han afirmado varias voces de la política y la sociedad, y explicó que mantienen “una lucha incesante porque se cumpla la ley y que a los delincuentes se les sancione, se les impongan los años de cárcel a los que se hagan merecedores”.
Explicó que los actos de tortura cometidos por las autoridades judiciales contra los probables delincuentes no deben permitirse ni tolerarse, porque este tipo de acciones “no forman parte de la justicia”.
“La tortura hace más grande la brecha entre la justicia y la paz, de tal manera que si las autoridades torturan a un delincuente, lo benefician, porque si en el proceso demuestra que fue torturado lo pueden dejar en libertad”, expuso.
Por ello, insistió en que la tortura “tiene que dejar de ser un método de investigación” de las autoridades judiciales.
“Tenemos que pasar a las investigaciones científicas, a los métodos, a las técnicas, a los protocolos que nos permitan arribar a una investigación con certeza. Ya no con la tortura, ya no se trata de ‘hacerlo hablar’. Eso no, eso es un beneficio para el presunto delincuente y ya lo vimos con el caso de Florence Cassez”, explicó.
“Respetar los derechos humanos del imputado es respetar los derechos humanos de la víctima, porque si no le respetas los derechos humanos al presunto delincuente, la víctima queda sin justicia. Por eso, lo que defiende la Comisión de Derechos Humanos no es al delincuente, sino a las acciones legales que se hagan en beneficio de la víctima”, agregó el ombudsman.