* Los tratantes pueden librar la acción penal porque es el segundo negocio más redituable después del narcotráfico, señaló la diputada federal
* “En México, culturalmente hay machismo ancestral y hay un menosprecio hacia la mujer”, subrayó
Gilberto Guzmán
La diputada federal priísta Julieta Fernández Márquez, presidenta de la Comisión Especial Contra la Trata de Personas de la Cámara de Diputados, señaló que la impunidad que hay en México permite que incluso políticos se involucren en este delito, considerado “la esclavitud del siglo 21”.
Este viernes, la legisladora impartió la conferencia “Prevención de trata de personas” en el auditorio del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, ante magistrados y trabajadores de ese organismo.
Dijo que la trata de personas, por el cual criminales obtienen ganancias por trabajo, mendicidad, explotación sexual, condición de siervo y extracción de órganos, a pesar de la gravedad del delito, apenas ha comenzado a hacerse público, ya que hace seis años ni siquiera había información disponible para conocer más del fenómeno.
Señaló que desde el 2007 hay una Ley contra la Trata de Personas, pero sólo se logró enjuiciar a dos tratantes; pero en el 2012 fue modificada completamente y la nueva ley incluyó cada uno de los convenios internacionales que México había signado, con la redacción de 17 tipos penales.
“Esta es una ley para sancionar, erradicar y prevenir la trata de personas, pero también es fundamental para proteger los derechos humanos, en especial de las mujeres y los niños”, aseguró la legisladora.
Comentó que esta ley dedica gran parte de su contenido a la prevención, sanción y erradicación de la trata de personas, pero también se concentra en la atención a las víctimas, algo relativamente nuevo en el país.
Dijo que desde diciembre, la Ley contra la Trata de Personas está armonizada en el estado de Guerrero, pero aunque es una ley completa, también ha sido muy discutida y controvertida.
Julieta Fernández dijo que hay factores que contribuyen a la vulnerabilidad, entre ellos la pobreza, opresión social y otras problemáticas que favorecen la trata de personas, porque representa un negocio fructífero para los criminales.
Mencionó que en México y en Guerrero se han combatido desde hace muchos años el narcotráfico, la portación de armas, la delincuencia organizada, pero no se combate de manera frontal la trata de personas.
“En México, culturalmente hay machismo ancestral y hay un menosprecio hacia la mujer”, y puso como ejemplo un caso de trata en el municipio de Iguala de la Independencia, donde un profesor señaló que una niña se fue con el novio, pero en realidad era víctima de trata.
“El presidente de Cuajinicuilapa me dice: ‘es que tuve el caso de un niño que el maestro le daba clases, entonces se fue a vivir con el maestro y pensamos que el niño es homosexual, no nos dimos cuenta que era un caso de abuso sexual; queremos decir con esto, que hay tolerancia social y que vivimos en medio del abuso a los derechos humanos y no nos estamos dando cuenta”, mencionó.
Trata, segundo delito más redituable
La diputada señaló que los tratantes compran conciencias y los pueden librar la acción penal, porque es el segundo negocio ilícito más redituable después del narcotráfico, y muchas veces el delito no está a la vista de todos.
Aunque dijo que no hay cifras concretas sobre cuántas personas están siendo víctimas de trata en el país, se sabe que el 93 por ciento de las víctimas del delito de trata “son mujeres, niñas y niños, que son las personas más vulnerables”.
Destacó que en la Montaña de Guerrero, por cuestiones culturales, la trata de personas se esconde en el matrimonio forzoso, cuando los padres obligan a la hija a casarse y se genera un intercambio económico entre familias.
La diputada subrayó que la trata “es la esclavitud del siglo 21” y se consuma a través del engaño y la seducción de un ser humano sobre otro, quien obtiene ganancia por trabajo, mendicidad, sexo, condición de siervo y extracción de órganos.
“Cada mes pasan de 200 a 300 personas en la frontera con EU para la extracción de órganos”, y hay otra práctica conocida como subrogación de vientres en Guerrero y en otros estados, explicó.
Reiteró que la trata de personas está asociada a la intolerancia social, indiferencia, impunidad, corrupción, y las principales víctimas son mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y migrantes.
Muchos de los tratantes, añadió, operan desde la cárcel y pocas veces hay incautación de bienes porque no se realizan las investigaciones de manera adecuada.
Julieta Fernández indicó que entre las acciones gubernamentales contra la trata de personas, se encuentran la mayor difusión de información sobre este delito, la creación de fiscalías especializadas, la promulgación de leyes estatales, la creación de grupos antisecuestro, la ley de trata con mayores penas a delincuentes sexuales.
Además, la creación del número de emergencias 911, la Línea nacional ciudadana contra la trata de personas, la Ley del Deporte, la Ley de Escuela para Padres, el Código de Conducta para prestadores de servicios turísticos, la Alerta Ámber que recientemente logró la recuperación 65 menores, según datos de la Fiscalía General de Guerrero.
También, indicó, se está buscando cómo fortalecer la coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR) para incautar los bienes de la delincuencia con el fin de tener recursos para la reparación del daño a las víctimas.
Un aspecto importante que destacó la diputada, es la necesidad de fortalecer a la familia para que proteja a sus mujeres de este y otros delitos.
Nadie está exento de incurrir en trata, justifica
En la etapa de preguntas, se le cuestionó a la legisladora qué se está haciendo respecto a la participación de personajes de la política en redes de trata de personas, situación que ha sido muy criticada por los sectores sociales.
Se le plantearon los casos del exgobernador priísta de Puebla, Mario Marín Torres, a quien se le vinculó con los pederastas Jean Succar Kuri y Kamel Nacif Borge, así como el del dirigente del PRI en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, acusado de operar una red de prostitución desde las oficinas del partido en la capital del país, e incluso el cantautor Joan Sebastian, a quien una investigación de la PGR señala como partícipe en el delito de trata de blancas.
La diputada, militante del PRI, respondió que “nadie está exento” de incurrir en este delito, y que el problema es que “lo que hay en México es impunidad”.
Sin embargo, pidió que no se politizara el tema. “Es decir, y no quisiera que se politizara esto porque lo que hacemos es politizar la justicia, y eso enrarece prácticamente todo; yo digo que, efectivamente, hay impunidad en México”.
“Y hay impunidad porque hay centros nocturnos muy grandes que se han cerrado en la Ciudad de México, el ejemplo es el ‘Solid Gold’ que era de una empresa trasnacional y se cerró, el caso por ejemplo de las empresas trasnacionales de cuestiones agrícolas, donde tampoco se persigue y no se enjuicia, porque la trata, como el narcotráfico, tienen que ver entre la relación de poder y la relación de corrupción, de la que ya he hablado”, agregó.
Julieta Fernández añadió que “estoy segura que la Ley de Trata trató de cambiarse desde el Senado porque había gente involucrada ahí, que se infiltra y se infiltra en todos lados para poder consolidar toda organización criminal, eso lo vemos en todos lados”.
Insistió que “no es un asunto de política o de partidos políticos, es un asunto de impunidad y de que, como hay mucho dinero de por medio, se pueden comprar muchas cosas y se pueden infiltrar”.
“Lo que yo no quisiera es que le pusiéramos partido político al asunto, es decir, la delincuencia está en todas partes”, concluyó.