* Ruiz Massieu, 23 años del complot

 

Felipe Victoria

 

El diputado y exgobernador de Guerrero hubiera sido asesinado junto a Pedro Joaquín Coldwell el martes 27 de septiembre de 1994 al llegar a su cita en el University Club de Reforma e Insurgentes, de no haberlo alertado a tiempo.

José Francisco fue enterado que en la celda del tamaulipeco Abraham David Rubio Canales, en el Cereso de Acapulco, con el penalista Enrique Fuentes León, defensor del Chacal de Acapulco Alejandro Braun Díaz, urdían eliminarlo.

El subprocurador General de la República, Mario Ruiz Massieu, logró la captura de los gatilleros del SEPROPIE ese martes y creyeron conjurado el peligro; pero había un “Plan B” que concretaron el miércoles 28 por la mañana, cuando el diputado Manuel Díaz Infante lo obligó a presentarse en un desayuno en un restaurante de la calle Lafragua.

Por esta ocasión guardaré respetuoso silencio de otros detalles porque mañana será homenajeado José Francisco, a 23 años de su muerte.

Mejor les brindo fragmento entrecomillado de RAZONES en Excélsior de Jorge Fernández Menéndez:

“El sismo derrumbó la sucesión”

“Los sismos del 7 y 19 de septiembre han derrumbado los tiempos de la sucesión presidencial, y la han colocado, además ante otro escenario. No habrá, salvo el de Morena que siempre estuvo designado, candidatos a la Presidencia, a la Ciudad de México o a los estados que tienen elecciones, tampoco para el Congreso, antes del año próximo y no me imagino a funcionario alguno renunciando voluntariamente a su cargo en forma anticipada en plena tarea de reconstrucción”.

“En los estados que tendrán elecciones el próximo año, los desastres naturales obligan a redimensionar la política y las campañas e incluso el perfil de los aspirantes puede cambiar de acuerdo con la situación”.

“Habrá elecciones en la Ciudad de México, pero también en Puebla, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Morelos (también en Guanajuato, Jalisco, Yucatán y Campeche, pero allí no hubo afectaciones). Seis estados que han tenido graves daños por sismos, huracanes y lluvias”.

“Estados con un alto padrón electoral y con necesidades específicas que demandarán, sobre todo, candidatos que puedan asumir una reconstrucción que vaya más allá que restaurar los daños causados por los fenómenos naturales. Estados donde habrá demandas legítimas y no, pero que tendrán que tener respuesta material y política de sus autoridades y donde los partidos tendrán que presentar candidatos emprendedores, que no sólo jalen votos, sino que generen certeza de que allí llegará ayuda, apoyo, presupuesto e inversión privada. Sin esos cuatro elementos difícilmente se podrá salir adelante”.

“Lo federal cruza esa realidad. Si alguien pensaba que el presidente Peña iba a designar candidato en octubre o principios de noviembre, se ve difícil hoy que ello ocurra antes de bien entrado enero, y lo mismo sucede en los estados”.

“Los sismos, han generado una crisis, pero hay que recordar que la crisis también es sinónimo de oportunidad. Y nadie dejará pasar la oportunidad de abocarse de lleno a las tareas de reconstrucción para ser juzgado por el desempeño que tenga en esa labor”.

“En esto, por supuesto que habrá demagogia y guerra sucia, ya la estamos viendo, pero, quizás, como nunca se puede enfrentar a las mismas con hechos. Por supuesto que de aquí a enero o febrero no alcanzará para reconstruir, pero, por lo menos, sabremos de qué están hechos algunos gobernantes y cómo apuestan los partidos (o no) a la reconstrucción: se necesitarán candidatos presidenciales o a gobernador que puedan garantizar un trabajo eficiente y sin corrupción, apoyo presupuestal y que generen la suficiente confianza empresarial para que lleguen recursos e inversiones privadas, nacionales y extranjeras, al país y a los estados. Sólo así serán competitivos”.

“Ya lo estamos viendo con los recursos públicos que los partidos reciben año con año. Para el 2018 deberían ser poco más de 11 mil millones de pesos, un monto que crece geométricamente año con año, por una desafortunada ley electoral que, para complacer a López Obrador, transformó desde 2007 el escenario electoral en una feria de dispendios”:

“Hace bien el PRI en decir que esos recursos, muchos o pocos, se queden en Tesorería para que se apliquen directamente a la reconstrucción. Está bien lo que propone el Frente de reducir drásticamente los recursos partidarios. Pero lo de Morena es una forma más de manipulación: darle el dinero a sus ‘intelectuales’ de cabecera para que ellos lo repartan a la gente, es lo mismo que darle el dinero público al cacique en turno para que lo reparta entre sus campesinos y trabajadores. Entregar dinero público para un beneficio personal o partidario es un delito”.

“Pero lo del dinero partidario, lo de los enormes recursos destinados al Instituto Nacional Electoral, debe llevarnos a otra cosa: hay que cambiar y liberalizar nuestro sistema electoral”.

“No puede existir tanto recurso destinado a las elecciones, no tiene sentido que a los medios se les confisque millones de horas de trasmisión para pasar spots, no puede ser que un ciudadano o un grupo, una organización, no pueda anunciar sus preferencias electorales y que esa atribución no quede siquiera en manos de los militantes de un partido, sino de las burocracias partidarias. La actual ley electoral no sirve. Lo del dinero de los partidos, simplemente, lo ha puesto de manifiesto”.

Duro como de costumbre Jorge Fernández Menéndez.