* “No contraté y no pagaba” a las constructoras”, y tampoco “era yo el ejecutor de la obra”, argumentó el diputado, quien dijo que “a mí se me sanciona por omisiones de mi superior jerárquico”
Gilberto Guzmán/Redacción
Es falso que su inhabilitación por 10 años para desempeñar cargos en la administración pública se deba a que cuando fue delegado de Sedatu haya pagado por obras que no fueron ejecutadas, aseguró ayer el diputado Héctor Vicario Castrejón al responder a las declaraciones que hizo en ese sentido el actual responsable de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Guerrero, José Manuel Armenta Tello.
En declaraciones que hizo al portal Bajopalabra, el legislador negó que durante su gestión como delegado de la Sedatu, él fuera responsable de la contratación de empresas, construcción de viviendas o el pago de obras, por lo que el señalamiento de que fue inhabilitado por obras pagadas no ejecutadas es una mentira.
Vicario Castrejón explicó que la sanción que le aplicó la Secretaría de la Función Pública (SFP) por haber incurrido en “negligencia administrativa”, es consecuencia de omisiones en las que incurrieron sus superiores, aunque no precisó a quienes se refería.
“Yo les quiero decir que como delegado no tenía yo facultades para contratar a ninguna empresa, la contratación se hace de quien tenía el control del Fonden, que era en oficinas centrales, en la coordinación de delegaciones” de la Sedatu.
Añadió que “a mí se me sanciona por omisiones de mi superior jerárquico (no precisó su nombre), pero no trato tampoco de deslindarme ni de acusar a nadie, yo lo que haré será presentar los elementos en descargo de lo que a mí corresponde”.
Sobre si hay obras que fueron cobradas pero no se ejecutaron, como lo señaló Armenta Tello, Vicario Castrejón dijo que las empresas constructoras deben rendir cuentas al respecto. “En esto, deben de ser las empresas las que respondan; es correcto que se les debe de exigir a las empresas que devuelvan las que no cumplieron”, afirmó.
E insistió en que “no contraté y no pagaba (a las constructoras), no era yo el ejecutor de la obra; mi presencia es como intendente, pero para esto había una unidad técnica en donde había supervisores regionales que eran los responsables, precisamente, de verificar los avances” de las obras.
Explicó que aún no impugna la sanción que le aplicó la SFP porque sigue haciéndose de los elementos probatorios que, aseguró, permitirán dejar sin efectos la inhabilitación de la que fue sujeto, y reiteró que no existen en su contra señalamientos de actos de corrupción.
“Hoy habré de señalarles que no es desviación, no es malversación de recursos públicos, son circunstancias de procedimientos administrativos, que yo les reitero, hasta el momento de mi salida todos los contratos estaban vigentes y además protegidos con una fianza”, precisó.