* Alfredo Pérez, presidente de Penalistas de Guerrero, le dijo que esa decisión sería “una postura digna” para que se defienda libremente y sin fuero ante la inhabilitación que le aplicó al Función Pública
Alondra García Lucatero
El presidente del Colegio de Abogados Penalistas del Estado de Guerrero, Alfredo Pérez Zarate, le sugirió al diputado local priísta Héctor Vicario Castrejón que pida licencia para dejar su curul en el Congreso de Guerrero, a fin de aclarar la inhabilitación por 10 años que le impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP).
De acuerdo con el Reporte de Servidores Públicos Sancionados que se puede consultar en internet, el legislador oriundo de Huitzuco incurrió en “negligencia administrativa” mientras estuvo al frente de la Delegación en Guerrero de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Por tal motivo, Vicario Castrejón fue inhabilitado para ejercer cargos en la administración pública hasta el 8 de agosto de 2027.
Ante esta situación, el abogado Pérez Zárate le envió un mensaje por Facebook a Vicario Castrejón en el que le sugirió que solicite licencia ante el Congreso.
“Una postura digna tuya sería que pidas licencia, aclares y aportes los argumentos y pruebas que dices tener, te defiendas libremente y sin fuero conforme a derecho, que por supuesto te asiste”, le escribió en la red social.
El abogado señaló que “de acuerdo con la ética política”, el diputado no puede “ser juez y parte en el Congreso”, que es la instancia que daría curso al juicio político correspondiente si es que llegara a proceder esa figura en su contra.
Mientras Vicario Castrejón estuvo al frente de la delegación de Sedatu se registró la contingencia provocada por las inundaciones provocadas por las tormentas ‘Ingrid’ y ‘Manuel’, que devastaron varios municipios de Guerrero y provocaron la activación de un plan emergente del gobierno federal para la reconstrucción de la entidad, que incluía la adquisición de terrenos y edificación de viviendas para damnificados a través de la Sedatu.
En marzo del año pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que la Sedatu adquirió predios a un valor superior de su precio real. Además, hasta septiembre de 2015 no se había localizado ninguna evidencia documental que acreditara que estos predios fueron entregados a los damnificados.
La ASF determinó que durante la gestión del hora diputado priísta como delegado de la Sedatu hubo daños y prejuicios a la hacienda pública federal por 11 millones 882 mil 614 pesos.
Este monto corresponde a la compra de 22 terrenos que fueron adquiridos de personas físicas y morales, pero no hubo documentación que acreditara la propiedad a favor de la Sedatu o de la población afectada.
A casi cuatro años de que las tormentas ‘Ingrid’ y ‘Manuel’ devastaran la entidad, la Sedatu aún no entrega cientos de casas para los damnificados porque Vicario Castrejón no realizó los trámites legales necesarios, como las manifestaciones de impacto ambiental o las solicitudes de cambio de uso de suelo para los fraccionamientos en los que serían reubicados.
Ninguno de los 43 predios que se adquirieron para la reubicación de familias tenía estudios de factibilidad de uso de suelo, por lo que 21 de estos fueron clausurados por la Profepa.
El legislador priísta aseguró en un comunicado que las negligencias administrativas señaladas por la ASF fueron “consecuencia de las tareas urgentes” y que “en ningún momento se actuó con dolo o mala fe”.