* El delegado en Guerrero, Ramiro Ávila Morales, advirtió que en Chichihualco no se permitirá “ninguna fuerza fuera del Estado por encima del gobierno”
REDACCIÓN
El delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob) en el estado, Ramiro Ávila Morales, advirtió que en Chichihualco no se permitirá “ninguna fuerza fuera del Estado por encima del gobierno”.
La noche del lunes 31 de julio, los habitantes de Chichihualco marcharon y protestaron frente a la casa del presidente municipal de Leonardo Bravo, Alfredo Alarcón Rodríguez, para exigir el retiro de la Policía Federal, a la que acusaron de múltiples abusos y violaciones a los derechos humanos.
Los pobladores también manifestaron su intención de conformar una Policía Comunitaria para que asuma el control de la seguridad.
Cuestionado al respecto, Ávila Morales se sumó a la postura del gobernador Héctor Astudillo Flores, en el sentido de que la Policía Federal no debe abandonar el municipio de Leonardo Bravo.
“El gobernador fue contundente y señaló que no puede haber ninguna fuerza fuera del estado, ninguna fuerza por encima de la que ejerce el gobierno. Nosotros coincidimos con eso, lo compartimos y que bueno que se haya tomado esa decisión”, aseveró en entrevista.
El funcionario federal dijo que la labor de la Policía Federal es destacable, pues la corporación ha mantenido las labores de seguridad en Leonardo Bravo a pesar de que la semana pasada sufrieron un ataque frontal de la delincuencia, hecho en el que perdió la vida un elemento.
Ávila Morales también comentó sobre las declaraciones que el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, realizó ante los medios en su última visita a Guerrero, en el sentido de que el gobierno federal recuperará la rectoría de la seguridad pública ante la proliferación de grupos de autodefensa.
De acuerdo con el delegado de la Segob, Osorio Chong se refería a que habrá presencia permanente de la Federación en la entidad.
“Creo que el contexto de la declaración es en ese sentido, en que el gobierno federal seguirá apoyando de manera decidida al gobierno de Héctor Astudillo, en absoluto respeto de la soberanía del estado pero en el marco de coordinación en materia de seguridad, como se ha estado haciendo a través del Ejército, la Marina, la policía federal, y la PGR”, expuso.
Reiteró que todas las organizaciones de civiles armados que no cumplan con lo que establece la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Culturas de los Pueblos y Comunidades Indígenas, están cometiendo un delito.
“La ley reconoce a los pueblos indígenas y el derecho que les permite tener un sistema de seguridad propio en su territorio, el problema es que hay grupos de civiles armados que se autodenominan autodefensas y que están ya participando en territorio fuera de estas circunscripciones y están al margen de la ley. No es un tema de capricho ni ocurrencia, es un tema de carácter legal, si alguien está armado fuera de la circunscripción que establece la Ley 701 está cometiendo un ilícito, precisamente el de portación de arma prohibida”, sentenció.
En cuanto a los problemas de violencia e inseguridad que padecen varias ciudades, principalmente Chilpancingo y Acapulco, dijo que se trata de la disputa entre grupos de la delincuencia por el control de los territorios.