* Sin embargo, el gobierno del estado no ha sido notificado legalmente de los amparos promovidos por las empresas mineras que operan en Guerrero, reveló el secretario de Desarrollo Económico del estado, Álvaro Burgos Barrera
JESÚS SAAVEDRA
El secretario de Desarrollo Económico del estado, Álvaro Burgos Barrera, reveló que al igual que la minera Media Luna, el resto de las empresas mineras en el estado, se ampararon en contra de la Ley Federal de Derechos para evitar el pago de impuestos del Fondo Minero a los municipios.
El funcionario estatal explicó que la mayoría de las empresas “cuando se anunció este impuesto se ampararon. La minera Media Luna tiene su derecho” (de ampararse) pero serán los tribunales federal los que determinen lo procedente, dijo al ser entrevistado cuando salía de un acto oficial ayer en Casa Guerrero.
Y es que desde junio la empresa minera Media Luna promovió un juicio amparo en contra de la Ley Federal de Derechos, que contempla el pago de un impuesto especial, que es del 7.5% de los ingresos que las mineras obtienen cada año, para los municipios.
Burgos Barrera refirió que el gobierno del estado no ha sido notificado legalmente de los amparos promovidos por las empresas mineras.
Mencionó que la operación del Fondo Minero es “muy transparente” y en el 2014 se les transfirió a los municipios, al igual que la parte que les corresponden al Estado.
Adelantó que para este 2017 se van a ejercer 27 millones de pesos para los municipios y 17 millones para el gobierno del estado.
La Ley Federal de Derechos se aprobó en enero de 2014, y a más de dos años de su aprobación, Media Luna promovió un amparo ante el Poder Judicial de la Federación.
En 2016, las mineras que operan en Guerrero obtuvieron ganancias superiores a los 5 mil 378 millones de pesos, pero sólo aportaron menos del uno por ciento al Estado.
De acuerdo con datos presentados al pleno del Congreso del Estado por diputados locales de oposición que han promovido la aplicación de la Ley a las empresas mineras con base en el artículo 270 de la Ley Federal de Derechos, las compañías mineras están obligadas a entregar el 5% de sus ingresos derivadas de la explotación del oro, la plata y el platino.
De acuerdo a la fundamentación presentada por el legislador Isidro Duarte Cabrera, del Partido de la Revolución Democrática, los recursos entregados por las compañías mineras a los municipios no representan ni el uno por ciento de sus ingresos, como lo demuestra el hecho de que en 2016, obtuvieron ingresos netos por 5 mil 378 millones 555 mil 720 pesos y, aportaron únicamente 52 millones 171 mil 939 pesos a 8 Ayuntamientos, es decir, el 0.96%.
A principios del mes de julio, el diputado perredista hizo un exhorto al presidente Enrique Peña Nieto, para que instruyera a las secretarías de Economía y Hacienda, que elevaran las aportaciones de las mineras a los Ayuntamientos, lo cual fue aprobado por el pleno de la 61 legislatura.
Al menos en ocho municipios de Guerrero las empresas mineras explotan yacimientos mineros y son Arcelia, Atenango del Río, Coyuca de Catalán, Eduardo Neri, La Unión, Petatlán, Tetipac y Tlalchapa.