* Luego de una marcha, pobladores de Leonardo Bravo se encaminaron a la casa del alcalde para insistirle en la salida de dicha corporación, que ya no vuelva a ingresar y que las labores de seguridad las realice una policía comunitaria que está gestándose
ALONDRA GARCÍA
CHICHIHUALCO.— Habitantes del municipio de Leonardo Bravo marcharon anoche en Chichihualco para exigir el retiro de la Policía Federal, a la que acusan de realizar cateos ilegales y cometer abusos contra la ciudadanía.
El sábado 29 julio, varios grupos de la Policía Federal ingresaron a la cabecera municipal de Leonardo Bravo y a varias comunidades, en las que destruyeron e incineraron 960 mil plantas de amapola, además de decomisar 10 vehículos con reporte de robo.
En una segunda incursión el día domingo, los federales decomisaron nueve vehículos y una motocicleta con reporte de robo.
Cuando los federales trataron de salir de Chichihualco, los habitantes ya habían bloqueado la carretera para obligarlos a bajar de las grúas los autos decomisados.
La tarde de ayer lunes, los pobladores se reunieron en el jardín central de Chichihualco, desde donde partieron en marcha a las 8:30 de la noche.
Al grito de “¡Fuera la Policía Federal!” y “¡queremos comunitaria!”, el contingente avanzó por las calles del centro y después se encaminó hacia la casa del alcalde Alfredo Alarcón Rodríguez.
Los manifestantes se aglomeraron afuera de la casa del presidente municipal, quien salió de manera inmediata en un intento por calmar los ánimos de los pobladores.
Cuando salió a la calle, Alarcón Rodríguez llevaba el celular en la oreja. En cuestión de segundos colgó e informó en voz alta que acababa de hablar con el senador Sofío Ramírez Hernández, quien, dijo, se había comprometido a apoyarlo para resolver el conflicto.
Sin embargo, esto no fue suficiente para contener los gritos y bullas de la gente contra el alcalde, a quien acusaron de “inútil” por no lograr la salida de la Policía Federal.
El edil informó que durante la mañana se había reunido con el gobernador Héctor Astudillo Flores para atender el tema y le había entregado un pliego petitorio, al que dio lectura en voz alta uno de sus funcionarios.
En el documento, el alcalde solicitaba el apoyo del mandatario para lograr la salida de la Policía Federal, bajo el argumento de 13 denuncias específicas por atropellos cometidos entre el sábado y el domingo.
Entre las denuncias figuraban las siguientes: abuso de autoridad, violentar los domicilios particulares sin permiso de los propietarios y sustraer pertenencias, intimidar a la ciudadanía en los retenes ubicados a la entrada de la ciudad, robo de teléfono celulares, destrucción de un techado en un taller de bloques de cemento y un niño golpeado que requirió atención médica.
En el documento también se detallaban los casos de la señora Guadalupe Velázquez, quien tuvo un aborto provocado por los empujones de la Policía Federal; el de la señora Blanca Esmeralda Adame Navarrete, quien tiene contusiones por atropello de una patrulla; el de Saúl Mosso Alarcón, quien reportó el robo de 300 pesos y amenazas de muerte, así como el de la señora Teófila Navarrete, quien fue golpeada por un Policía Federal.
Los presuntos abusos cometidos por los federales también afectaron al gobierno municipal, ya que según el alcalde, cuando revisaron las instalaciones de la Policía Municipal sustrajeron un equipo de radiocomunicación que se han negado a devolver.
Mientras que en las instalaciones de Tránsito Municipal, los federales irrumpieron “con lujo de violencia rompiendo los candados”.
Alfredo Alarcón mostró el acuse del documento que entregó al gobernador, pero esto no bastó para los casi 200 pobladores que gritaban afuera de su casa.
“¿Y cuál fue la respuesta del gobernador?”, le cuestionaron en varias ocasiones.
Visiblemente nervioso, el presidente municipal tomó su celular y comenzó a marcar una y otra vez al celular de Héctor Astudillo Flores, pero el mandatario nunca le tomó la llamada.
Después llamó a un funcionario, aparentemente al secretario de Seguridad Pública Estatal, quien sí le contestó pero no le apoyó en absoluto. Únicamente le pidió que llamara al secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, quien tampoco respondió.
Los gritos y rechiflas de la población comenzaron a subir. En un momento, alguien propuso que se retuviera al alcalde en la ermita, hasta que el gobernador acudiera a dialogar con ellos.
En una medida desesperada, el presidente municipal de Leonardo Bravo se ofreció a ir él mismo a la comunidad de Atlixtac, donde estaba instalado un retén con 10 patrullas de la Policía Federal, para pedirles que se fueran.
“Yo voy a hablar con ellos, que me acompañe la Policía Municipal y yo les pido (a los federales) que se retiren para evitar un conflicto”, propuso el alcalde.
La idea gustó a los manifestantes, quienes también se apuntaron para ir.
“No es prudente. La situación está complicada y no vaya a ser que pase algo”, les respondió el alcalde en reiteradas ocasiones.
Sin embargo, los habitantes insistieron. Tras un lapso de 20 minutos, el alcalde abordó a su vehículo escoltado por la Policía Municipal. Los manifestantes se subieron a varias camionetas y tomaron rumbo detrás de él, hacia el retén de federales en Atlixtac.
Cuando llegaron, la Policía Federal ya se había ido.
Los manifestantes insistieron en que dicha corporación ya no vuelva a ingresar al municipio y, en cambio, las labores de seguridad las realice una policía comunitaria que está gestándose en la cabecera municipal.