Alondra García
Los concesionarios del servicio público de transporte de Chilpancingo demandan una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores y con el gabinete de seguridad, para establecer estrategias que permitan blindar tanto a los choferes como a los usuarios de urvans, taxis y camionetas mixtas.
La noche del martes 25 de julio, un presunto grupo delictivo robó cuatro taxis y agredió a sus choferes. Uno de ellos quedó herido de gravedad.
Dos de los vehículos fueron incendiados y un tercero recibió varios impactos de bala.
Esta situación obligó a los transportistas a parar actividades durante la madrugada del miércoles, al considerar que no existían condiciones de seguridad.
La mañana de ayer, los líderes de varias organizaciones afiliadas al Consejo del Autotransporte del Estado de Guerrero se reunieron afuera del mercado “Baltasar R. Leyva Mancilla”, para poner pintas en los medallones de las unidades.
"Audiencia Sr. gobernador" y "Queremos seguridad", fueron algunos de los mensajes que los transportistas colocaron en sus vehículos.
María Eugenia Salgado Guzmán, vicepresidenta del Consejo del Autotransporte, informó que la exigencia principal es una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores y con el gabinete de seguridad, "para establecer una estrategia y blindar al transporte público y al usuario".
Advirtió que 2017 ha sido "el año más violento para los transportistas", ya que en un solo mes asesinaron a cuatro de sus compañeros.
Salgado Guzmán indicó que este año han asesinado a más de 10 choferes de urvans y taxis; del año pasado a la fecha han sido más de 20.
De lograr la audiencia con el gobernador y el gabinete de seguridad, detalló que el Consejo presentará tres planteamientos concretos.
El primero, dijo, es que la Fiscalía General del Estado informe sobre las indagatorias y carpetas de investigación que se han abierto por los homicidios de más de 20 transportistas.
El segundo planteamiento será la instrumentación de una estrategia especial de seguridad para el transporte público.
Salgado Guzmán señaló que el Consejo del Autotransporte ya ha realizado esta petición tanto al gobernador como al alcalde capitalino Marco Antonio Leyva Mena, sin que hasta el momento se haya concretado.
El tercer planteamiento es la instalación de cámaras de seguridad y chips satelitales de localización en todas las unidades de transporte público.
"El planteamiento es ser los ojos y los oídos en toda la capital (…). El transporte público quiere participar y está activo en el tema de seguridad. Como realizamos los operativos en el transporte público es para brindar un servicio de calidad, pero también están encaminados para la seguridad del transportista, del chofer y de los usuarios", expuso.
Sobre el robo, quema de unidades y agresión a choferes ocurrido la noche del martes 25 de julio, María Eugenia Salgado Guzmán consideró que fue "un acto de terrorismo".
Recordó que de manera casi simultánea a los hechos comenzó a circular en las redes sociales un presunto comunicado de la delincuencia organizada.
"Está tan bien redactado y sin faltas de ortografía, que me sorprende que sea de la delincuencia organizada", señaló.
Asimismo, destacó que el comunicado "tenía los puntos, las ubicaciones exactas donde estaban siendo atentados los compañeros, cuando ni siquiera la autoridad ni los transportistas que estaban al pendiente tenían conocimiento".
La secretaria general del Consejo del Autotransporte consideró que dicho comunicado "es una línea de investigación importante y contundente para dar con los responsables de los actos delictivos que se cometieron esa noche".
Dijo que las unidades incendiados fueron "pérdida total", lo que representa un gran golpe para la economía de las familias tanto de los permisionarios como los trabajadores del volante.
"En Chilpancingo tenemos los salarios más bajos y somos la ciudad más cara a nivel nacional. El seguro que los transportistas podemos pagar es por daños a terceros, así que cuando nos roban o nos destruyen una unidad tenemos una pérdida tremenda en nuestro patrimonio", expuso.
Por su parte, el líder transportista Moisés Garibay informó que en los últimos meses ha incrementado la violencia y los ataques hacia el servicio público.
"Nos han estado asaltando, no hay seguridad, el servicio público no tiene seguridad y los policías ya han dejado de ir a las colonias", comentó.
Por ello, dijo que solicitarán al gobernador del estado que la Policía Estatal instale retenes y casetas de vigilancia en las colonias y que se redoble la vigilancia principalmente en las noches "para que haya menos problemas en el servicio público, asesinatos, quemazón de vehículos".
Puntualizó que en Chilpancingo hay circulando 808 taxis y 762 furgonetas comúnmente conocidas como urvans, distribuidas en 260 rutas.
